El número de perceptores de la Política Agraria Común (PAC) que, aun estando admitidos al régimen de pago básico, no presentaron la solicitud única en 2018, ascendió el año pasado a 3.085 en Castilla y León, que de esta manera dejaron de percibir una cuantía de 2,8 millones de euros. Así se desprende de los datos recogidos en el Informe sobre la aplicación del régimen de pago básico en España correspondiente a la campaña de 2018 publicado por el Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) y recogido por Ical, en el que se cifra en 40.452 los agricultores y ganaderos que no presentaron la solicitud en España, lo que supuso un importe de 26,4 millones de euros.

En la Comunidad, el número total de beneficiarios de estas ayudas asciende a 70.885 con 4,4 millones de derechos por importe de 503,4 millones de euros. El importe medio por beneficiario en Castilla y León es de 7.102 euros, el mayor a nivel nacional por delante de otras comunidades como Aragón (6.404 euros) y Extremadura (5.363 euros) y muy por encima de la media nacional (4.010,5 euros).

Sin embargo, finalmente fueron 67.800 los que presentaron su solicitud por importe de 500,6 millones de euros en la Comunidad y 664.969 en todo el territorio nacional. Según recoge el informe del Fega, el número de beneficiarios del régimen de pago básico está en disminución en los últimos años aunque llama la atención los datos de la campaña transcurrida entre 2017 y 2018, al ser la primera en la que se retiraron los derechos de pago básico en el caso de que estos no se hubieran utilizado durante dos campañas consecutivas. Este hecho suponía la pérdida total de los derechos por parte delos productores.

El número de beneficiarios de Castilla y León supone el 10 por ciento del conjunto nacional, lo que la convierte en la tercera Comunidad con mayor número de perceptores por detrás de Andalucía (33,4 por ciento) y Castilla-La Mancha (15,2 por ciento). Además, Castilla y León es la Comunidad con mayor importe medio por beneficiario, con 7.103 euros, seguida de Aragón (6.404,8 euros) y Extremadura (5.363 euros), frente a comunidades como la Comunidad Valenciana (1.068,3 euros), Baleares (2.478,4 euros) y Murcia (2.580,9 euros).

Las comunidades donde mayor número de productores no presentaron su solicitud única fueron Andalucía (9.877), Comunidad Valenciana (9.593) y Extremadura (4.202). En relación a los importes que se dejaron de percibir por no presentar estas peticiones, este listado también está encabezado por Andalucía, con 9,4 millones de euros; seguida de Cataluña, con 3,7 millones; 3,2 millones en la Comunidad Valenciana y 2,8 millones de euros en Castilla y León.

Reserva nacional

La reserva nacional es una vía que pretende facilitar el acceso al régimen de pago básico de aquellos agricultores legitimados para recibir derechos de ayuda o para aumentar el valor de los derechos ya existentes en virtud de una sentencia judicial firme; o, con carácter prioritario, los jóvenes agricultores y aquellos que inician su actividad agrícola. En el año 2018, el número de solicitudes de agricultores que se incorporan a la actividad agraria mantuvo la tendencia alcista, con 421 beneficiarios, por importe de 2,7 millones de euros. De ellos, 51 pertenecen a Castilla y León, con una cuantía económica de 278.850 euros.

A nivel nacional, el grupo de jóvenes agricultores que no tienen más de 40 años en el año de presentación de la solicitud y que se hayan incorporado como titulares de una explotación, ha sido el grupo de solicitantes de derechos más numeroso, y recibieron la asignación más elevada, tanto en términos de número de solicitudes (2.793) como de importe concedido (13 millones de euros). Lo mismo ocurrió en Castilla y León, donde este colectivo alcanzó los 436 jóvenes, con un importe concedido de 2,1 millones de euros.

Cesiones

Las comunidades autónomas con mayor número de beneficiarios, Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León, son también las comunidades que mayor número de cesiones han comunicado en la campaña 2018, como viene siendo habitual, con cerca del 67 por ciento del total de cesiones comunicadas, algo previsible, al tratarse de las tres comunidades con mayor superficie y mayor número de beneficiarios.

Con respecto a los importes realmente cedidos, han representado un total de algo más de 127,3 millones de euros transferidos en la campaña 2018. Andalucía es la comunidad autónoma con los valores más elevados (44 millones) seguida de Castilla-La Mancha (20,6 millones) y de Castilla y León, que ronda los 18,7 millones.

Pequeños desajustes

El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, reconoció que todo el dinero que no viene de Bruselas supone “un perjuicio económico para Castilla y León”, aunque atribuyó estas cifras a “pequeños desajustes” que se producen en las solicitudes de la PAC normales. “Puede haber agricultores a los que les sobre uno o dos derechos en relación a las hectáreas que tiene, y por no contar derechos, deja de cubrirlos y no se cobran” o bien tratarse de pequeños agricultores que, teniendo pocos derechos “no quieren tener actividad agraria” y tras dos años sin actividad, pierden ese derecho. “Un poco de cada uno, siendo muchos, suma esa cantidad, que lo deseable es que venga en su integridad a Castilla y León y a España”, pidió.

El coordinador de UCCL en Castilla y León, Jesús Manuel González Palacín, estimó que esta falta de presentación de solicitudes “no hace mucho daño” y calificó de “normal” que se caigan perceptores, teniendo en cuenta las jubilaciones y la falta de relevo para hacerse cargo de las explotaciones, además de que se está “apretando las tuercas” a aquellos que no viven de la actividad a título principal. “Mucha gente, por miedo, deja de pedir la PAC y la actividad”, recordó Palacín, quien aclaro que “lo normal” es que las tierras no se dejen de cultivar y, por lo tanto, no dejen de percibir la PAC.

Un modelo real

El coordinador de Coag en la Alianza Upa-Coag, Aurelio Pérez, reconoció que ya se venía detectando “a pie de campo” que mucha gente estaba renunciando a hacer la PAC, algo que atribuyó a “una cuestión burocrática” por culpa de una administración que, más que servir al ciudadano, está “en la dinámica de perseguir al ciudadano”, lamentó. “Esa situación de carga burocrática y de una persecución permanente en controles o exigencias con unas normativas que en algunos casos quedan al albor de las personas que inspeccionan, provocan que haya gente que, por situaciones o cantidades, renuncien a tramitar las ayudas”, apostilló.

En este sentido, Aurelio Pérez denunció la falta de un Gobierno con un modelo agrario y una oposición que “no sabe lo que es el sector” cuando es un sector que requiere de “muchas cuestiones” y la aplicación de numerosos criterios para conocer “cómo hay que producir y de qué manera producirlo”, algo que a su juicio “no se da”. Pérez reclamó un modelo agrario que desemboque en un profesional “que hace bien las cosas, trabaja y produce en unas condiciones de calidad y cantidad, además de que garantiza la alimentación”, para lo que se requieren de políticas “que favorezcan a las personas que se dedican a esto principalmente” y la apuesta “real” por un modelo en el medio rural, que apueste por el medio rural y que tome medidas “lógicas” para favorecer la implantación de “estos profesionales de verdad”.