Los retrasos se han generalizado como consecuencia de la pandemia en todas las obras de la ciudad, pequeñas y grandes. Sin embargo, hay demoras sin pretexto por el reiterado incumplimiento de plazos que acumulan y ahí destaca sobre todo el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDE), el edificio del Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT), ya con penalizaciones incluidas para la constructora que debe terminarlo, Rogasa.
La pesadilla se remonta en realidad a mayo de 2011, que fue cuando la primera adjudicataria, Volconsa, empezó a levantar el inmueble con un plazo inicial de 15 meses. Debía acabar en el verano de 2012, pero lo que llegó fue su quiebra en junio de 2013 y un incumplimiento de calendario, con dos prórrogas incluidas, que provocó la pérdida de la ayuda estatal que había llevado a abordar este proyecto: un millón de subvención y 9,7 millones de préstamo que tocó devolver de forma anticipada y con intereses. Desde entonces se han sucedido parones de hasta tres años y medio con obras puntuales y reinicios, hasta que Rogasa empezó a ejecutar en diciembre de 2018 la fase de finalización, que debía estar ejecutada entre junio y julio de 2019. Sin embargo, hubo partes del edificio sobre las que no se contaba con intervenir y tocó hacerlo como consecuencia del deterioro causado por la paralización de las obras, de ahí que se abordara un modificado de proyecto de 300.000 euros y una nueva prórroga hasta el pasado 9 de enero, elevando más un presupuesto que en 2011 se cifraba en 9 millones y hoy ya supera los 14.
Con este panorama, el Ayuntamiento ya ni se atreve a dar por buena la última información que les ha transmitido la constructora, que en principio contaría con entregar la obra este mes. Lo iba a hacer el pasado 9 enero y no fue así; después a mediados de marzo y tampoco, según el concejal de Desarrollo Económico, Jesús García Zamora: «Ya no sé si alguna vez nos dirán la verdad», lamenta. Así se decidió abrir en febrero un expediente de penalizaciones que puede rondar o superar los 300.000 euros, a razón de 1.800 por cada día de demora, además de otras sanciones impuestas por diversos motivos de incumplimiento de contrato más allá de los plazos.
Rogasa ha tenido problemas de suministro de material debido al Estado de Alarma, aparte de la «hibernación» de 15 días decretada por el Gobierno, «pero es que la obra ya debía haberse acabado antes de la pandemia», recalca.
El problema añadido está en que tras la entrega de la obra el Ayuntamiento deberá revisar que se ajusta a lo establecido en el contrato, lo cual puede llevar semanas y también meses, según lo que se encuentre. Y hasta que no se formalice la recepción de la obra no se puede convocar el concurso para la adjudicación de espacios a empresas, que también se puede llevar unos cuantos meses. Por otro lado irá también el concurso para la compra de mobiliario y todavía debe transcurrir el mes de exposición pública de la memoria por la que se ha determinado la gestión pública del edificio, un trámite que se inició con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, pero quedó paralizado como consecuencia de la suspensión general de plazos administrativos por la declaración del Estado de Alarma.