Tras más de un año y medio de parón por la doble quiebra de la primera adjudicataria y tiempo después de su principal subcontrata, las obras del futuro edificio judicial debían haberse reanudado ya. De hecho, el Ministerio de Justicia aprobó de forma provisional la nueva adjudicación hace más de cuatro meses, «pero la formalización del contrato se ha quedado pendiente por el Estado de Alarma», lamenta la subdelegada del Gobierno. «La idea es firmar en cuanto se levante» y entonces empezará a contar un plazo de ejecución de 20 meses que llevará el fin de obra al menos hasta mediados de 2022, más de un año y medio por encima de lo previsto cuando se adjudicó el proyecto por primera vez (octubre de 2020); y después habrá que sumar el tiempo (aún indefinido) que lleve la fase de equipamiento. 

Las obras que sí se esperan acabar en plazo, sobre el 30 de mayo, son las de redistribución de espacios en el actual Palacio de Justicia para hacer hueco al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6, actualmente en la sede de la calle Fernán García, que se reservará para el Juzgado de lo Penal existente hasta ahora y para el que se prevé crear, también Penal. Sin embargo, «otra cosa será cuándo se pueda dotar de utilidad al nuevo espacio creado debido a las medidas de seguridad que se tienen que adoptar en el trabajo para el desarrollo de los procedimientos judiciales», reconoce la subdelegada del Gobierno.