Las residencias deberán contar con equipos de protección

SPC
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La consejera de Familia avanza la creción de un grupo de trabajo para elaborar una Ley de Atención Residencial que también pretende «monitorizar» los centros

La consejera de Familia, Isabel Blanco (i), guarda un minuto de silencio junto al resto de los miembros de la comisión parlamentaria donde compareció ayer. - Foto: Ical

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, anunció la profesionalización de equipos directivos, la dotación mínima de equipos de protección individual (EPI) y la monitorización de centros como aspectos más urgentes de un nuevo modelo residencial que pretende abordar tras la situación generada por la pandemia de coronavirus.
Blanco arrancó su comparecencia en las Cortes, tras guardar un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de la pandemia, con la petición de disculpas por las decisiones no acertadas en las residencias de mayores. En este contexto, aseguró que hay que «repensar» el modelo, algo que ya había dicho desde su toma de posesión, para lo que se creará un grupo de trabajo que aborde la elaboración de una Ley de Atención Residencial.
Sin embargo, la consejera cree que tras lo ocurrido con la pandemia hay cuestiones que abordar de «manera inmediata» como la exigencia de un acopio de equipos de protección en función del tamaño de la residencia y el perfil de los usuarios, más aún ante la posibilidad de un rebrote en octubre.
Pero además indicó que hay que «avanzar» en otros aspectos como la formación y preparación del personal directivo o la implantación de una herramienta informática que permita conocer en tiempo real los usuarios y sus características sobre su autonomía, el personal de cada centro y sus incidencias.
Blanco incidió en que, a pesar de que la aplicación actual es buena, quiere conocer la situación «real» del día a día para poder actuar de una manera «más rápida» donde se detecte que pueda haber carencias e incluso incrementar el número de inspecciones.
Unidades de convivencia

La consejera, que dejó en suspenso el decreto actualmente se encuentra en el Consejo Consultivo, destacó que la idea es continuar con el desarrollo del modelo de las unidades de convivencia, en la línea que proponen los expertos, así como el uso individual de habitaciones como estrategia, no solo para mejorar el bienestar de las personas, sino también para evitar la propagación de los contagios.
Blanco mostró su intención de alcanzar un gran acuerdo porque «tiene que ser un proyecto de todos», tanto de los grupos parlamentarios como de los profesionales, las entidades locales, el sector, los expertos y los usuarios.
En este marco, señaló que habrá que estudiar si la atención sanitaria en esos centros tiene que ser pública o privada, propia de las residencias, aunque apostó por «sentarse y debatir» tras analizar lo que ha pasado con la pandemia.
Por ello, la consejera explicó que el objetivo es constituir un grupo de trabajo «a la mayor brevedad» para abordar los temas más urgentes, aunque otras cuestiones se deban tratar «en profundidad y de manera sosegada» para llegar a un acuerdo y aprender de esta situación para que no se vuelva a repetir en el futuro.

PSOE y Podemos cargan contra la privatización
Los grupos parlamentarios de PSOE y Mixto (Podemos) reprocharon a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades el modelo de atención residencial por la apuesta de al Junta por las privatizaciones, con una atención precarizada y miles de muertos.
La socialista Isabel Gonzalo asumió que deben diseñar entre todos un nuevo modelo y el PSOE ha hecho ya sus propuestas porque el actual «ha hecho aguas» y «se ha tambaleado por un problema sanitario». Gonzalo asumió la negociación pero reprochó que el modelo privatizado sí es un problema porque «lo público busca el bienestar de las personas y lo privado, ganar dinero».
El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, siguió en la misma línea y defendió que el coronavirus «se ceba con los más vulnerables y si hay menos medios y peores condiciones en las residencias privadas, eso apoya su expansión». Así, cargó contra los «recortes, privatizaciones y precariedad», y recordó que su partido trasladó 15 medidas, con 535 millones. 
consenso. La procuradora de Ciudadanos María Teresa Gago defendió que el modelo residencial debe ser revisado, «con mayores sinergias entre sanidad y servicios sociales» porque «se ha visto superado» y aseguró que su formación quiere «arrancar un compromiso firme, real y leal de todas las formaciones», para sentarse a su reforma. También el popular Miguel Ángel García Nieto, tras defender la diligencia de Blanco, apostó por un acuerdo conjunto.