Castilla y León arrancará el año con las cuentas prorrogadas de 2018, las últimas del Gobierno Herrera. El decreto que regula las condiciones de la prórroga presupuestaria se mantendrá hasta que haya unos nuevos presupuestos.

La norma establece la prolongación de los créditos iniciales de 2018 en todos los capítulos, y de forma específica los asociados a los compromisos realizados por la Junta hasta este momento, así como aquellos que resulten imprescindibles para atender los servicios públicos, facilitar la gestión administrativa y garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad.

En términos generales, se establece la prórroga de los créditos iniciales en vigor salvo que correspondan a actuaciones que hayan concluido en este ejercicio o que estén financiadas con recursos finalistas cuya vigencia no pueda ampliarse.

Esto implica que, mientras se mantenga la prórroga, la Junta atenderá con normalidad los gastos de personal, capítulo uno; los derivados del funcionamiento habitual, en especial los que aseguran la prestación de los servicios públicos esenciales, capítulo dos; y los financieros y las operaciones de crédito de la Administración de la Comunidad, capítulos tres y nueve.

En cuanto al resto de los gastos, el Decreto señala que estos se imputarán conforme a su naturaleza a los respectivos capítulos –cuatro o de transferencias corrientes, seis o de inversiones reales, siete o de transferencias de capital y ocho o de activos financieros– cuyos créditos se prorrogan, dando continuidad a las medidas que se venían realizando a lo largo del ejercicio.

Esto supone, y así lo recoge el Decreto, que la Junta seguirá ejecutando partidas correspondientes a cualquier prestación que viniera realizando de forma sistemática a lo largo del ejercicio, así como las que resulten imprescindibles para atender el servicio público o cumplir una norma con rango de ley.

Añade también que se entiende por gastos correspondientes a actuaciones no finalizadas todos aquellos que se encuentren vinculados a acuerdos, planes o compromisos realizados por el Gobierno de Castilla y León con anterioridad al 31 de diciembre de 2019.

Las normas de imputación de gastos reguladas en este proyecto de decreto afectan a todas las secciones presupuestarias, salvo a la 20, Cortes de Castilla y León e instituciones propias de la Comunidad, y a la 31, Política Agraria Común (PAC).