La vida es incierta y el futuro de cualquier inversión representa una gran incógnita difícil de despejar. Por paradójico que pueda parecer, cualquier negocio puede fluir hacia el éxito o el fracaso. Todo está en función del riesgo que se desea asumir en función del tamaño del capital empleado, el grado de diversificación, las opciones existentes, el contexto que se tenga a mano y el beneficio que uno se plantea obtener.

En este punto es donde entra el concepto que los economistas denominan coste de oportunidad, que consiste en la diferencia entre la mejor decisión y la que realmente se adopta, es decir, la pérdida o el fracaso que supone elegir la opción menos ventajosa. 

Pongamos, por ejemplo, una persona que desea invertir 100.000 euros y se plantea como alternativas abrir una mercería o bien comprar 26.000 acciones del Banco Santander que, a día de hoy, cotizan a a 3,846 euros en el mercado continuo. Si opta por emprender el negocio y al cabo de dos años le reporta 20.000 euros de beneficios, y mientras, en estos 24 meses, las acciones ascienden hasta los 11 euros y un valor de los títulos de 37.500 euros, el coste de oportunidad habría sido de unos 17.500 euros menos de diferencia en los beneficios obtenidos.

Otro caso de coste de oportunidad es al que se enfrenta cualquier joven a la hora de escoger entre trabajar nada más finalizar sus estudios o realizar un máster. Supongamos que decide aceptar un empleo en un taller cobrando un salario de 14.000 euros anuales frente a una especialización académica de un curso lectivo que, sin contar su coste, le hubiera permitido el segundo año una retribución de 35.000 euros. La diferencia en dos años ya hubiera sido de 7.000 euros más si hubiera apostado por mejorar su formación académica y, si se amplía el plazo, la cifra resulta mucho más ventajosa que si siguiera trabajando en el puesto mileurista.

Por lo tanto, la definición del coste de oportunidad viene a decir que es el valor de la mejor opción no seleccionada y que, por lo tanto, representa las pérdidas por haber elegido la alternativa de menor rentabilidad económica.

En este contexto, también se pone en tela de juicio la función del asesor. En un simposio financiero celebrado recientemente, un inversor reprochaba a los expertos que por hacer caso a un especialista bursátil que con la crisis le recomendó prudencia y no comprar acciones en la Bolsa estadounidense ni en la europea perdió muchísimo dinero al verificar que en los últimos 10 años el índice S&P500 subió un 350% o más de un 130% el Stoxx 600 Europe. 

La respuesta a este capitalista decepcionado fue que, si bien es cierto que nadie le va a devolver el coste de oportunidad perdido, lo que ha debido aprender es que debe valorar más opiniones y que no se puede fiar únicamente de un profesional que cobra comisiones por los productos que recomienda a sus clientes. En ocasiones, se trata de vendedores que se hacen pasar por asesores independientes, con los que nunca hay que bajar la guardia por que ofrecen productos de los que se lucran profesionalmente.

A raíz de la crisis, se intentó también demonizar las inversiones en bienes inmobiliarios y la realidad sigue demostrando, quizás algún día cambie en España, que comprar una vivienda es más rentable que destinar el dinero a planes de pensiones o fondos de ahorro que tienen un alto riesgo de depreciación o cualquier otro producto financiero con rentabilidades que en los últimos años han estado cuestionadas y en las que se asumen importantes riesgos, no siempre bien explicados al cliente. 

Los economistas recomiendan que el dinero no se deje en los bancos cuando sus beneficios son inexistentes y se destine a productos asequibles y fáciles de volver a sacar al mercado como la compra de fincas, acciones, participaciones en negocios donde pueda haber control sobre la gestión o, por ejemplo, instalar placas solares domésticas.

Elegir una inversión siempre implica tener que renunciar a otras. Para poder calcular el verdadero precio de las cosas, los economistas recomiendan aprender a ver lo que no se ve a simple vista, analizando cada detalle. Esto significa tener en cuenta los efectos a largo plazo y tratar de eliminar lo que se conoce como pesos muertos en la economía doméstica de una persona. En España, un 80% de las inversiones que se realizan no tienen en cuenta el coste de oportunidad. Un ejemplo, sería un coche que no se necesita. Supongamos que alguien tiene dos vehículos, cuando la verdad es que únicamente necesita uno. La mayoría de las personas piensan que son costes aceptables pero no valoran gastos como el seguro y el mantenimiento en el coste de oportunidad.

Así, si el coche está ocupando una plaza de garaje que se puede alquilar, se está dejando de ganar un dinero extra. Además, cada día que pasa el turismo se vuelve más viejo y menos atractivo para el mercado de segunda mano. Si se hacen cuentas fríamente puede que sea más barato venderlo y alquilar uno nuevo cuando sea necesario.

Algo similar ocurre con el apartamento en la playa. La mayoría de ellos están completamente desaprovechados al utilizarse únicamente una quincena al año. El resto están cerrados sin proporcionar ningún otro beneficio a su propietario. Pero sí provocan gastos como la comunidad, el IBI, el agua o la luz. Si se piensa en rentabilizarlo mediante un alquiler, con la renta anual se puede pagar una estancia confortable para las vacaciones y, además, se puede disponer de una liquidez mensual con lo que paga el inquilino.

Obviamente, no todas las decisiones de la vida deben basarse solamente en el coste de oportunidad, pero no está mal analizar la rentabilidad que tienen algunas decisiones financieras y de consumo a largo plazo para poder obtener mayores ingresos.

Gestión

En este contexto, siempre se necesita establecer un nivel de prioridades. Habitualmente, se ve muy claro en las políticas estatales cuando en vez de usar más dinero para construir infraestructuras que aporten progreso al país, lo hacen en contratar más funcionarios y asesores dejando las arcas públicas con menos dinero para invertir en salud, enseñanza o en seguridad ciudadana, lo que significa pagar un altor precio por decisiones alejadas del análisis del coste de oportunidad que permitirían mejoras a futuro para el país.