La actitud mantenida por la Fiscalía ha sido criticada por el letrado de la acusación particular de IU, Alberto López Villa,  que ha puesto en duda el cumplimiento de su función como ministerio público, a lo que el fiscal jefe le ha pedido que retirara esa expresión y ha lamentado que, en 47 años de profesión, no le había hablado así ningún letrado. Se ha originado un rifirafe entre ambos, donde Silva ha llegado a bromear diciendo que "si don Atilano hubiera cometido un asesinato la fiscalía le habría acusado de este delito", teniendo que mediar el presidente de la Sala pidiendo al letrado que se ciñera a los argumentos técnicos.

En la vista oral, presidida por el magistrado José Miguel García Moreno, que ha comenzado hoy con escaso público y con unas pésimas condiciones de sonido, ya que apenas era perceptible el testimonio de los intervinientes,  se han abordado las cuestiones previas. Principalmente se basan en deslegitimar a la Fundación Caja Segovia como acusación privada, ya que no se la considera perjudicada por los planes de jubilación, lo que haría decaer el proceso, una vez que la Fiscalía no acusa al considerar que no ha sido perjudicada y que no concurre infracción penal alguna.

En uno de los banquillos se han sentado  el expresidente Atilano Soto y los exvicepresidentes Manuel Agudíez y Elena García Gil, mientras que otro era ocupado por quienes fueron director general de la entidad Manuel escribano, secretario general, Antonio Tapia, y jefe de recursos humanos, Enrique Quintanilla. Al tratarse de una posible responsabilidad civil a titulo lucrativo han quedado exentos de acudir Óscar Varas, Juan Magaña, Juan Antonio Folgado, Malaquias del Pozo y Miguel Ángel Sánchez Plaza,  aunque este último se ha sentado en la primera fila del público. 

La Fiscalía se une a las defensas en el caso Caja Segovia

El letrado de la Fundaciòn Caja Segovia; Rafael Iturriaga, ha explicado que la fundación se considera perjudicada por los hechos que han sido objeto de investigación,   incluidos en el escrito de acusación, "porque desde el primer momento siempre hemos sostenido que tenemos la condición de acusación particular y esperamos que sea la decisión de la Sala, lo que hacen las defensas es apartar a la acusación , confiamos en buen criterio magistrados de la Audiencia", ha matizado.  

Por su parte, Luis Rodriguez Ramos, uno de los abogados de las defensas,  ha dicho que "no solo estamos al margen de cualquier hipótesis delictiva sino, incluso, de cualquier injusticia en el orden laboral, civil, mercantil o administrativo, se ha hecho todo conforme a derecho, en consecuencia, el fiscal, amparado por el principio de imparcialidad, ha llegado a la conclusión de que no hay ningún delito y obviamente comparto con él esta conclusión".

El planteamiento de las defensa, según Rodríguez Ramos es que "siendo las Cajas de Ahorro entidades de crédito y no bancos habría que aplicar la doctrina Botín que dice que, cuando no hay intereses públicos o colectivos en un procedimiento penal, y no acusa el ministerio fiscal ni ninguna acusación particular legítima y real, tiene que procederse al archivo y sobreseimiento de la causa que viene a ser una sentencia absolutoria anticipada sin que se celebre el juicio, este es el caso. 

La Fiscalía se une a las defensas en el caso Caja Segovia

López Villa ha considerado que "se ha tratado de evitar el pronunciamiento sobre el fondo, porque hay indicios claros de comisión de un delito, es claro que la situación de Caja Segovia y demás Cajas que se integraron en el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) era desastrosa, necesitaron más de 4.000 millones de fondos públicos, para poder sobrevivir como entidad financiera, en diciembre de 2010, antes de que se extinguiera Caja Segovia,  que fueron al BFA porque era el que iba a continuar con la actividad financiera". La Intersindical de Cajas de Ahorro se ha unido a los argumentos de las otras acusaciones aunque ha advertido que retirará las referidas a quienes están acusados de ser responsables civiles a título lucrativo, en caso de que haya prescrito. 

Se prevé que, en el plazo de una semana, la Audiencia Provincial dicte un auto donde dictamine si mantiene o no a la Fundación Caja Segovia como acusación particular, quien de fallarse en su contra, podría recurrir ante la Sala 2ª del Tribunal Supremo, mientras que las defensas podrían incorporar de nuevo la petición al elevar sus conclusiones a definitivas o en el recursos de una posible sentencia condenatoria.  Si se mantiene la acusación particular el juicio continuará el día 5 de febrero con la prueba testifical. 

Las acusaciones solicitan entre nueve y cuatro años de prisión para Escribano, Tapias y Quintanilla, y entre ocho y tres, para Soto, Agudíez y García Gil. 

La Fiscalía se une a las defensas en el caso Caja Segovia