Que nadie se quede atrás. El 'mantra' del Gobierno ha llegado a la educación, especialmente tras el último Real Decreto, aprobado ya por el Consejo de Ministros, que impone una evaluación a los alumnos de la ESO «continúa, formativa e integradora». Adiós a los exámenes de recuperación de junio y septiembre. Ya desde este mismo curso 2021-2022 serán los profesores quienes decidan si un alumno pasa o no de curso, incluso con materias suspendidas. Los repetidores serán 'rara avis'.
Según el Ministerio de Educación, el propósito es implantar un sistema de evaluación «más individualizado y personalizado», concediendo la voz principal a los profesores y priorizando el progreso de los alumnos por encima de los suspensos y aprobados. En caso de que la evolución del alumno no sea adecuada, la ley indica que se establecerán «medidas de refuerzo».

La medida más controvertida es la supresión, en todas las Comunidades Autónomas, de los exámenes 'extraordinarios' de recuperación, en junio o septiembre, de la ESO —que sí se mantienen en Bachillerato—; de manera que será el equipo docente quien valide su pase al curso siguiente —si tiene expectativas favorables de progresar— con independencia del número de asignaturas no superadas.

Las últimas medidas de la reforma educativa dividen a la comunidad educativa en Segovia. El curso que acaba de comenzar cuenta en la provincia con 2.698 docentes y 23.862 alumnos matriculados, 6.015 de ellos en la ESO. Las dudas asaltan a las asociaciones de padres de alumnos, mientras que los sindicatos de Enseñanza, que velan, entre otros aspectos, por los profesores, mantienen posturas encontradas. La Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) entró en vigor en enero de 2021, aunque ya se avisó que las aplicaciones de las modificaciones contempladas en la norma no se llevarían a cabo hasta un curso escolar después.

Aula del colegio público de San Eulalia. - Foto: Rosa Blanco.

Las dudas de los padres. La presidenta de la FEDAMPA Antonio Machado, Noelia del Barrio, que agrupa a unas 70 AMPAS de la provincia de Segovia, considera positivo que la norma atribuya a las familias una participación activa en el conocimiento de las decisiones educativas y que se prevean planes de refuerzo para el alumnado que no alcance los objetivos marcados en el curso; además de contemplar la autoevaluación del profesorado en su propia práctica docente. «Son tres puntos positivos pero no sabemos cómo se materializará», porque  «para que esos alumnos pasen de curso sin examinarse tienen que hacer algo antes. ¿Se les pondrá planes de refuerzo? ¿cómo lo van a hacer?», se pregunta Del Barrio.

«La idea —continúa— es muy bonita pero para llevarla a cabo se necesitan más recursos, esos alumnos necesitarán clases de apoyo, esos profesores tendrán que dedicar más horas para que no lleguen a suspender…. Que no haya exámenes porque el método no funciona podemos estar de acuerdo, pero para que no necesiten esas pruebas de recuperación antes hay que asegurarse de que tienen los conocimientos suficientes y para eso hay que poner recursos».

La presidenta de la FEDAMPA confiesa que «da miedo lo rápido que lo quieren implantar», señalando que, por otro lado, los profesores requerirán información adicional para aplicar la medidas asociadas a la reforma. «Tenemos dudas. Es cierto que hay un alto índice de fracaso escolar y hay que atajarlo y ver cómo se trabaja para corregirlo. Es una pena que muchos adolescentes no continúen sus estudios porque no se les ha sabido orientar antes en condiciones».

Aula del colegio público de San Eulalia. - Foto: Rosa Blanco.

El secretario de Enseñanza de UGT de Segovia, José Antonio Sánchez, sostiene que para combatir el fracaso escolar los alumnos deben estar «atendidos y motivados» y para eso «se necesitan apoyos educativos»; mientras considera que un aspecto positivo de la ley es que sea el profesorado quien decida si el alumnado está en condiciones de pasar o no de curso.

«Eso que dicen que se acaba con la cultura del esfuerzo es desconocer la realidad educativa y usar este tema como arma política». «Ahora mismo en primero de la ESO un alumno suspende todo y repite, pero al año siguiente suspende nueve y pasa de curso (…) el problema no es pasar o repetir, sino que esos alumnos necesitan atención específica y apoyo educativo. Se ha buscado una problemática que no existe. Y la cultura del esfuerzo no se pierde por esta ley, que busca que el alumno vaya acompañado».

Para el representante de la UGT, es positivo que los docentes marquen si un alumno pueda o no pasar de curso, porque «todo lo demás es artificio. Un alumno no aprobará porque sí. Necesitan motivaciones y ayudas para poder aprender y para eso —subraya— es importante bajar las ratios de alumnados por aula para atenderles mejor».

Aula del colegio público de San Eulalia. - Foto: Rosa Blanco.

Por su parte, Óscar Sancho, de CC.OO de Segovia, sostiene que la ley está aprobada y como tal «hay que cumplirla», criticando las dudas de la consejera de Educación sobre su implantación. Sancho recalca que «no se puede enseñar en base a un premio o castigo, si se repite o no, sino hay que motivar al alumno, hacer que quiera aprender» y, este sentido, es preciso, a su juicio, respaldar la alta profesionalidad del profesorado de Castilla y León. «Ahí están las jornadas de 35 horas semanales que la Junta deniega, la reducción de las ratios, el aumento de las plantillas de profesorado, reducir la temporalidad…»

El representante de Enseñanza de CC.OO en Segovia subraya que «estamos a favor de que se eliminen esos exámenes de recuperación y otros porque estamos a favor de la evaluación constante y para eso también hay que mejorar las condiciones laborales de los docentes y personal de los colegios».

Frente a CC.OO y UGT otros sindicatos de Enseñanza rechazan de plano la normativa, como el sindicato CSIF, el de representación mayoritaria en Segovia. Yolanda García opina que «se están dando coletazos a una ley aprobada (..) nos llevamos ahora las manos a la cabeza [con el RD de evaluación sobre recuperaciones], pero es lo que ya avanza la LOMLOE. Nunca se han sentado a hacer una ley de verdad y estamos ya muy cansados».
Mariano González, de CSIF Castilla y León, en declaraciones a Castilla y León Televisión apuntó que «parece que se va a aplicar ya, con lo cual, los claustros evaluadores se van a encontrar a mitad de camino entre una norma y otra. Cambian las reglas de juego a mitad de curso y creemos que es una norma que no favorece en nada al profesorado y otra vez nos deja a los pies de los caballos».

Cultura del esfuerzo. Por su parte, Cristina Olmos, de ANPE Segovia, sostiene que «evitar el fracaso escolar pasando a todo el mundo de curso, hayan adquirido o no las competencias, nos parece un error tremendo y va en contra de la idea de la cultura del esfuerzo». ANPE mantiene su absoluto desacuerdo con que se obtenga un título como es el de Secundaria o Bachillerato, con alguna asignatura suspensa, ni siquiera en los supuestos excepcionales que incluye la norma.
«Esta medida envía un mensaje contrario a la cultura del esfuerzo, del rigor, y del mérito en el que la ausencia de incentivos para lograr la excelencia académica resulta desmotivadora para el profesorado y el alumnado.  Además, la decisión de promoción no recae en un especialista de área, sino que se diluye en el equipo docente y puede generar controversia en los claustros», añaden desde el sindicato.

Para ANPE, la solución al fracaso escolar no pasa por establecer sistemas de promoción y titulación con materias suspensas, sino por evitar que esto suceda, «y eso pasa por reducir el número de alumnos por aula, establecer desdobles y programas de refuerzo en los centros, dotando de profesorado suficiente para llevarlo a cabo. Tenemos las mismas ratios máximas de alumnos por aula que se establecieron hace más de 30 años con la LOGSE y que la LOMLOE no ha modificado».