La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, mantuvo hoy una reunión con representantes de más de setenta organizaciones del tercer sector de la Comunidad, a quienes calificó como “una parte fundamental del nivel que actualmente tienen los servicios sociales de Castilla y León”. Según adelantó, uno de los objetivos de la Consejería será reducir hasta los tres meses el “plazo máximo” para acceder a los servicios de dependencia. “Se trata de un reto ambicioso, porque en otras comunidades se está resolviendo en ocho meses y en dos fases diferentes, mientras que aquí intentaremos que en tres meses esté resuelto todo el proceso”, afirmó.
Blanco aseguró que “el tercer sector es una parte fundamental de los servicios sociales de Castilla y León” y señaló que por ello pretenden “establecer un diálogo permanente con ellos, para escuchar sus demandas, aunque estos meses de atrás muchas de las cosas que han ido planteando están ya incluidas en los objetivos de esta legislatura”.
Es por ello que, a partir de septiembre, iniciarán una ronda de reuniones con cada una de las organizaciones y asociaciones de manera individual. “Las prioridades de la Consejería para esta legislatura son más servicios para las personas. Tenemos que tener especialmente en cuenta a los mayores, tanto con los programas de envejecimiento activo, para evitar que esa gente llegue a la dependencia o que retrase lo máximo su entrada, como en la atención a las personas en soledad”, subrayó.
Según explicó, durante el presente mandato trabajarán para ofrecer “igualdad de oportunidades para todos, entre hombres y mujeres, habitantes del mundo rural y de las ciudades”, y también trabajarán por la inclusión, para lo cual considera “fundamental” la lucha contra la violencia de género, “una lacra contra la que tenemos que luchar todos”. “Necesitamos a todo el mundo, administraciones, tercer sector y sociedad, hay que hacerlo de una manera transversal, desde la educación, y nos vamos a implicar muy seriamente en ello estos cuatro años”, auguró.
Actualmente Castilla y León cuenta con más de 3.000 entidades que conforman el tercer sector. Blanco explicó que pretende poner en marcha un nuevo modelo de servicios sociales, basado en la atención individualizada, que permita centrarse en las familias, la conciliación y la infancia.
Entre las novedades que afectarán al tercer sector, anunció tres grandes proyectos que en los próximos años se harán realidad. En primer lugar se refirió a la puesta en funcionamiento “en septiembre” de un órgano de participación y coordinación para mantener las relaciones entre el tercer sector y la administración.
También anunció que ya se está trabajando para configurar el proyecto de Ley del Tercer Sector en la Comunidad, una norma “muy demandada por el colectivo”, que será “una ley muy amplia que contemplará las relaciones entre la Administración y las organizaciones del tercer sector, que va a definir su papel, su financiación y su sostenimiento económico”.
Para ello, consideró que “es importante empezar por el decreto de concertación, que busca garantizar la sostenibilidad financiera y económica a las asociaciones y organizaciones del tercer sector”. “No esperaremos a que esté en marcha la Ley, sino que trabajaremos de forma paralela porque es básico y fundamental garantizar esa estabilidad financiera”, explicó antes de sentenciar que “los servicios para las personas no son servicios de mercado, son servicios para las personas, y la ley permite una regulación especial para la prestación de esta serie de servicios”. “Trabajaremos con ellos desde el diálogo y el consenso porque ellos son los verdaderos protagonistas”, detalló.