Los indultos ya son cosa del pasado para el independentismo o, como se intuía y han expresado de forma explícita sus beneficiarios, no son suficiente, empeñados ahora en limpiar cada mancha del expediente de sus principales valedores. De los que han pasado por prisión, de los fugados y de los autores intelectuales del mayor desafío contra el Estado de los últimos tiempos. Era obvio que tras la medida de gracia, cuestionable pese a que desde el Gobierno es una vía a la concordia, vendrían otras demandas para discutir, cual efecto dominó, la estabilidad e independencia de órganos constitucionales como el Tribunal de Cuentas que ha puesto luz y taquígrafos al roto económico de la ensoñación secesionista.

El ente fiscalizador del sector público fijó este martes en más de cinco millones de euros los gastos de la promoción del 1-O en el exterior, a través de las «embajadas catalanas», con el consiguiente desvío de fondos del Govern al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, el Diplocat. Apunta el Tribunal al huido Puigdemont, al expresidente Artur Mas, a los indultados Oriol Junqueras, Raul Romeva, Jordi Turull y a otros 37 excargos públicos. Negro sobre blanco a una presunta malversación coincidiendo con el esperado encuentro en Moncloa entre el presidente del Gobierno y un Pere Aragonès que pedía a Sánchez que retire a la Abogacía del Estado de la causa.

 Las reacciones de los afectados tratan de socavar la independencia de un organismo que ha de velar por el correcto destino de un dinero que es de todos. En su labor, aboga por pasar factura a los implicados bajo la premisa de que los desmanes, más desde lo público, no deben salir gratis. Sin salirse del guion, se asistió al enésimo pataleo del secesionismo con un Puigdemont que buceó en el pasado al ver «franquismo de fondo y de forma» en las fianzas del Tribunal. Desde Junts, PDeCat y ERC claman también contra la sanción económica. Pero lo más preocupante es que el catálogo de cuestionamientos llegue desde el seno del Gobierno. El ministro de Transporte, Ábalos, ponía la semana pasada en el punto de mira al Tribunal al calificar de «piedras en el camino» la investigación. Un mensaje que ha secundado la titular de Igualdad, Irene Montero, partidaria de concluir con la instrucción, en consonancia con su partido, Podemos, que «ve politizado y parcial» al Tribunal. Un peligroso mensaje que amenaza con neutralizar la labor de los órganos judiciales, que sienta un serio precedente si se hace tabla rasa y quedan impunes delitos de una gravedad manifiesta. Se entienden las críticas desde el entorno secesionista, no así las de un Gobierno que no solo sale en defensa de un órgano constitucional sino que se suma a su desprestigio y lo señala como parte del problema en lugar de como una solución al mismo.