Casi un mes después de las elecciones, con casi todas las corporaciones locales del país ya constituidas desde el 15 de junio, persiste la incertidumbre sobre quién estará al frente del Ayuntamiento y la Diputación de Segovia para arrancar de una vez el próximo mandato. Dos gobiernos en el aire, si bien deberían definirse en ambos casos en pocas semanas, con el 5 de julio como referencia para la Administración municipal, por ser la fecha del pleno de constitución de su Corporación, y posiblemente (no es seguro) la semana del 15 al 19 para la provincial.

En la Diputación cunde el desconcierto general entre los partidos tras el anuncio del PP segoviano de que estudiará la posibilidad de emprender «acciones o recursos legales» por el reparto de escaños, algo difícil de explicar si no se reseña el contexto en el que se produce, ante la larga lista de errores informáticos de recuento que acumulan estas elecciones y el controvertido pacto autonómico PP-Cs, de consecuencias difíciles de digerir para los populares de la provincia.

Fuentes oficiales de PP yCs anunciaron el pasado 12 de junio, desde Madrid yValladolid, un pacto autonómico por el que la formación naranja facilitaría que los populares retuvieran la Junta a cambio de los gobiernos de diversos ayuntamientos y diputaciones de la Comunidad, incluyendo «posiblemente» la Diputación de Segovia. Cs aspira por ello a presidirla y el PP provincial ha declinado pronunciarse públicamente hasta la fecha sobre un controvertido acuerdo que, de puertas adentro, evidentemente no gusta. Los populares de la provincia podrán admitir o no como un mal menor la pérdida del Gobierno de la Diputación de Segovia por conservar el de Castilla y León, pero no deja de suponer la cesión del apoyo de doce diputados a los dos que ha obtenido Cs. Y en estas circunstancias se producía el pasado 14 de junio una primera publicación de datos en la web electoral del Ministerio del Interior donde el PP se vio con mayoría absoluta de manera fugaz, ya que el sábado 15 se corrigió lo que se ha considerado un error informático en el recuento, devolviendo a IU el diputado que se le había quitado porque la aplicación no contabilizaba inicialmente sus votos de El Espinar, al figurar allí con otras siglas (IU-UP). 

Pleno de constitución de la Diputación celebrado el 24 de junio de 2015En teoría, sólo fue algo parecido a un espejismo, pero si ese error sobresaltó a todos los partidos, el desconcierto general que ha generado el comunicado lanzado el lunes 17 por el PP de Segovia no ha sido menor, siendo además su primer pronunciamiento oficial tras el pacto autonómico con Cs.

Los plazos de la diputación. Desde el PSOE se ha transmitido cierto temor a que la constitución de la Diputación se pudiera retrasar hasta después de agosto, pero también hay dudas en otros partidos, empezando por IU, respecto al margen legal que le queda al PP para presentar un recurso por lo que Interior considera un fallo informático. Más aún cuando esa web sólo tiene carácter informativo y sí que hay coherencia entre los datos oficiales que transmitió el Ministerio la noche del 26 de mayo y los que mantiene ahora, con 12 diputados del PP, 10 del PSOE, 2 de Cs y 1 de IU.

Asimismo, la ley electoral sólo recoge de forma expresa la opción de aplazar la constitución de corporaciones locales cuando se presenta un recurso electoral como el de Cs por «posibles errores» en el recuento de la capital, centrado en la impugnación de la proclamación de concejales electos. No cita la posibilidad de más demoras por que se recurra la asignación de escaños en diputaciones, y las distintas fuentes de Junta Electoral consultadas por El Día coinciden en señalar que cualquier recurso que se les plantee, si procede que se pronuncien, se resuelve en un plazo corto que no alteraría el calendario de la Diputación de Segovia, que apunta por ello a constituirse a mediados de julio.

No en vano, la Junta Electoral descarta más demoras en la constitución de diputaciones incluso aunque una candidatura decidiera presentar recurso de amparo ante el Constitucional tras haber visto desestimado su contencioso electoral, a pesar de que ese tribunal lo resuelve en un plazo máximo de 15 días; y ni siquiera en el caso de que el TSJ aceptara un recurso y ordenara repetir las elecciones en un municipio. En concreto, según su criterio, «la Junta Electoral Central tiene reiteradamente acordado que debe procederse a la designación de los miembros de las diputaciones provinciales y a la constitución de sus órganos aunque estén pendientes de resolver recursos de amparo contra sentencias contencioso-electorales, o aunque en algún municipio haya de repetirse la elección (…), o como consecuencia de sentencias que declaren la nulidad de la elección (…)». «No se pospone, por tanto, la constitución de dichos órganos, si bien la Junta Electoral de Zona habrá de realizar nuevamente las operaciones correspondientes si resultara alterada la asignación inicial de puestos de diputados provinciales». Es decir, que llegado el caso, se reajustaría la composición de la Diputación con posterioridad a su constitución.

Ayuntamiento. En el caso del Ayuntamiento, el recurso contencioso electoral que ha interpuesto Cs por «posibles errores» en el escrutinio de la capital, por más que se le presuman pocas posibilidades de prosperar (la Fiscalía ya ha emitido informe solicitando su desestimación «íntegra»), impide dar por hecha la investidura de Clara Luquero, dado que la formación naranja opta a lograr un cuarto concejal en detrimento del PSOE que le permitiría pactar con el PP con posibilidad de quedarse con la Alcaldía. Y en paralelo avanza la negociación de un pacto municipal de izquierdas con una cuarta reunión del PSOEcon IU esta semana (la cuarta con Podemos-Equo será la próxima) que ha dejado muy cerca el cierre de la parte relativa a un acuerdo programático.Aún debería rematarse, en cualquier caso, y después negociar la asignación de áreas de Gobierno, con cesión de concejalías a ambos grupos. Pero el pacto no está asegurado en absoluto, aunque avance, y todo se ha ralentizado al demorarse la constitución de la Corporación hasta el 5 de julio precisamente por el citado recurso de Cs, cuya resolución, según los plazos que marca la ley electoral, debe notificarse como mínimo tres días antes de esa fecha. 

«Algo hemos avanzado, aunque llega un punto en el que tenemos que empezar a acelerar para confirmar si seguimos adelante o no», señalaba este jueves a El Día el concejal electo de IU Ángel Galindo, tras la reunión del miércoles.«Vemos que podríamos llegar a un acuerdo digamos en positivo», señala en referencia a un pacto en el que se recogieran los objetivos que comparten con el PSOE, dejando al margen aquellos que les separen.Sería el caso del Peahis, por ejemplo, ya que IU critica el aumento de la edificabilidad en el casco histórico y la desprotección de algunas zonas como la ladera del paseo del Salón, donde seguiría reservándose la posibilidad de construir un parking. Motivos por los cuales la coalición de izquierdas, aunque entrara en el Gobierno, se reservaría la autonomía necesaria para oponerse a cuestiones que considerase incompatibles con lo que siempre ha defendido. Sí podrían incluirse en ese pacto reivindicaciones de IU como la remunicipalización de servicios actualmente externalizados o la construcción de viviendas protegidas, «pero ahora hay que pasar de las generalidades a lo concreto en el acuerdo programático, y después, si se sigue adelante, negociar la posible entrada en el Gobierno».

Por otro lado, la negociación entre el PSOE y Podemos-Equo va algo más lenta, pero en una línea parecida.«No nos cerramos a ningún escenario de acuerdo, ya sea de investidura o de Gobierno, pero ese acuerdo debería contar con una serie de contenidos básicos que ya hemos trasladado al PSOE», explica el concejal electo de la formación morada,Guillermo San Juan. En concreto, «pasa necesariamente por recuperar la capacidad inversora del Ayuntamiento y redirigirla a los barrios más deficitarios», para lo cual plantea «explorar las vías de gestión directa de algunos de los servicios municipales que ahora mismo están externalizados»; es decir, la remunicipalización de servicios que también plantea IU, contando con que eso suponga ahorrarse el margen de beneficio que sí requiere una empresa cuando se le contrata. «En ese sentido, planteamos una hoja de ruta en la cual consten los contratos municipales en vigor para poder explorar las vías de la gestión directa de los contratos que sean convenientes por razones de eficacia y eficiencia económica en el marco de la legislación actual», prosigue.

Podemos-Equo también propone «seguir apostando por medidas de apoyo al pequeño comercio», el desarrollo de al menos un proyecto piloto en materia de energías renovables, promover más viviendas protegidas y, en materia de igualdad, transversalizar el feminismo y la perspectiva de género en todas las políticas públicas del Ayuntamiento». Iniciativas que ahora debe encajar el PSOE para seguir avanzando en un pacto de izquierdas que ya no es ninguna utopía, aunque tampoco pueda darse por hecho.