La consejera de Familia, Isabel Blanco, reiteró la necesidad de «replantear» la naturaleza de la renta garantizada de ciudadanía y apostó por vincularla a la parte de inclusión laboral, lo que supondrá la obligatoriedad de que los perceptores de esta prestación busquen un empleo. Tras la reunión que mantuvo con representantes de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones para informarles sobre las nuevas medidas de la Junta para hacer frente a la pobreza energética, Blanco defendió que la prestación autonómica siga cumpliendo el objetivo de conducir a sus perceptores hacia una verdadera integración social y laboral. Y es que lamentó, según recogió la Agencia Ical, que los perceptores del IMV no estén vinculados a un proyecto de vida o a un programa individualizado para su inserción socio-laboral, como sí está previsto para los beneficiarios de la Renta.
Algo que, a su juicio, dificulta la aplicación de algunos programas de la Junta como los orientados a fomentar la escolarización, reducir el fracaso escolar o promover la búsqueda de empleo. «Hay que facilitar que las personas entren en el sistema de Servicios Sociales y tengan la cobertura mínima que necesitan pero que también salgan. Debe ser la puerta de entrada pero también de salida y eso se logra con el derecho a la integración social y laboral a las personas más vulnerables que reciban estas prestaciones», aseveró.
Además, denunció que 2.135 de los 15.187 beneficiarios del ingreso mínimo vital en Castilla y León cobran menos que con la renta garantizada de ciudadanía, además de existir otras 4.096 familias a las que se le ha denegado o inadmitido la prestación estatal aunque, al ser perceptoras de la renta garantizada, la Junta sigue manteniendo esa ayuda.
En todo caso, dejó claro que esos más de 2.000 castellanos y leoneses reciben el mismo importante que antes de la entrada en vigor del IMV después de que la administración autonómica impulsara una modificación de la Ley de la Renta, que permitió hacer complementarias ambas prestaciones.
Pobreza energética
Unas declaraciones que realizó tras anunciar que la Junta inyectará ocho millones a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales de la Comunidad en los años 2021 y 2022 para paliar la pobreza energética de las personas con problemas económicos a través de las ayudas de emergencia. En concreto, el desembolso extra se realizará a través de una adenda al Acuerdo Marco de Servicios Sociales y permitirá que los ciudadanos más vulnerables puedan hacer frente a los suministros energéticos y a la subida «desbocada» del precio de la electricidad.