Dentro de las misiones encomendadas a la especialidad del Seprona de la Guardia Civil se encuentra la protección de la fauna, especialmente la de las especies protegidas. La actividad de captura de pájaros ha ido disminuyendo paulatinamente a raíz de la progresiva limitación de las capturas autorizadas, hasta llegar a su actual prohibición conforme a lo establecido a la Directiva Aves 2009/147/CE y la ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. No obstante, siguen dándose casos de furtivismo sobre las aves fringílidas, principalmente en jilgueros, motivo por el cual se prestan servicios enfocados a la prevención de dicha práctica ilegal.
Durante la realización de un servicio de prevención una patrulla sorprendió en un paraje de La Lastrilla a dos individuos que se encontraban cazando jilgueros. Para ello se valían de varetas o varillas impregnadas con pegamento, instaladas como trampas en diferentes arbustos, a los que acudían los jilgueros atraídos por el reclamo sonoro emitido desde dos teléfonos móviles, los cuales reproducían el canto de dicha especie. Además tenían colocados dos pájaros muertos ensartados en unos palos en la parte alta de los arbustos a modo de señuelos visuales.
Las aves que habían sido cazadas eran guardadas en dos jaulas. Tres ejemplares capturados con ese método fueron devueltos a su hábitat natural, pero también se intervinieron cuatro jilgueros muertos empalados usados como reclamos visuales, varias varetas, jaulas y botes de pegamento. Como consecuencia de la actuación se procedió a la investigación de las dos personas como supuestas autoras de un delito relativo a la protección de la flora.
Durante el pasado año los efectivos de la Guardia Civil de la Comandancia de Segovia realizaron otras cinco intervenciones relacionadas con la captura de aves fringílidas. Como resultado se formularon siete denuncias por la comisión de diversas infracciones administrativas en esta materia, aprehendiendo los efectos empleados.
Se recuerda que la caza de aves está prohibida en la actualidad, según lo dispuesto en la Directiva Aves. Al tratarse de aves protegidas, su captura está recogida en el Código Penal como delito relativo a la protección de la flora y la fauna, estableciendo para sus autores penas de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a 24 meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años.