COLABORACIÓN

Fernando Lussón

Periodista


Por pedir que no quede

Las defensas de Oriol Junqueras y de Carles Puigdemont lo han pedido todo, la libertad inmediata para que el primero pueda recoger su acta de eurodiputado en el Parlamento de Estrasburgo, y el segundo la desactivación de las órdenes internacionales y nacionales de detención y que se aparte al juez Pablo Llarena. También piden la nulidad del juicio del procés tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que ha reconocido su calidad de eurodiputados desde el momento de la proclamación de su elección y por tanto su inmunidad. No se podía esperar otra cosa, de la misma forma que desde la Fiscalía del Tribunal Supremo se niega ningún cambio sobre su situación. 

Queda por saber que va a decir la Abogacía del Estado al respecto. Es muy probable que se alinee con las tesis de la defensa porque ya en su día, cuando la sala que juzgó a los sediciosos preguntó que tenía que hacer, si permitirle recoger el acta como en su elección como diputado o impedírselo, se mostró favorable a que pudiera hacerlo. No habría por tanto una variación sustancial en cuanto a las valoraciones jurídicas sobre su condición de parlamentario europeo pero sí de su interpretación política, cuando desde ERC se ha pedido un gesto del Gobierno -del que depende sin ningún género de dudas la Abogacia del Estado- que permita dar luz verde al acuerdo entre el PSOE y los independentistas para facilita la investidura de Pedro Sánchez.

Cuestión distinta es que la Abogacía se posicionara en favor de la suspensión del juicio, que sí supondría un pago por anticipado de la abstención de ERC que permitiría a Pedro Sánchez continuar en La Moncloa.

En todos estos lances estrictamente judiciales no hay que perder de vista que se trata de las posiciones de las distintas partes que han intervenido en el juicio oral y que la respuesta definitiva e inapelable es la que pronuncie la sala sentenciadora del Tribunal Supremo, que si por algo se ha caracterizado a lo largo del juicio es por su voluntad de respetar de forma escrupulosa los derechos de los acusados. A veces incluso de manera muy amplia como al plantear la cuestión prejudicial sobre la situación de Oriol Junqueras al Tribunal de Luxemburgo, pese a las recomendaciones en contrario.

Con el acuerdo entre los equipos de socialistas e independentista prácticamente cerrado en el que cada una de las partes conoce perfectamente cuales son las limitaciones de la otra -ERC pedirá en la mesa de negociación el derecho de autodeterminación pero sabe que el Gobierno no puede acceder a ello- se trata de encontrar la fórmula que permita al partido de Oriol Junqueras salvar la cara, aunque en su congreso del pasado sábado diseñó varios escenarios que sirven para un roto y para un descosido, mientras que los socialistas saben que la oposición utilizará la munición del máximo calibre para denigrar el acuerdo, pese a que no se ponga en cuestión la unidad de España

En otro frente, los partidos de la derecha, PP, C's y Vox, han visto cercenada su aspiración de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, abandonara su cargo tras la sentencias de año y medio de inhabilitación a la que le ha condenado el TSJ de Cataluña por desobediencia, al negarse a retirar las pancartas partidistas en época electoral. La Junta Electoral de Barcelona considera que se trata de un delito leve en comparación con el daño que se haría a su condición de electo para cargo público por la ciudadanía. Una muestra más de la protección de los derechos de la que gozan los representantes populares.