Este año arrancó con el propósito del Gobierno de Pedro Sánchez de derogar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), la conocida como Ley Wert aprobada en 2013 y cuestionada por gran parte de la comunidad educativa. También pactaba con Unidas Podemos unos Presupuestos con 2.720 millones de euros para Educación que incrementaba en más de 200 la partida para becas. Sin embargo, ya en febrero todo quedó en papel mojado.
El 15 de febrero, Sánchez convocaba elecciones generales para abril tras fracasar en la búsqueda de apoyos a esos presupuestos que aumentaban la inversión para educación. Aquel mismo día, el Consejo de Ministros aprobaba el proyecto de Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), preparada en «tiempo récord» por la ministra de Educación, Isabel Celaá, para derogar la Lomce. El adelanto electoral aplazaba sin fecha la tramitación parlamentaria de esta nueva ley educativa, que continúa en el cajón esperando la formación de Gobierno.
Antes de convertirse en un prolongado ejecutivo en funciones, el Ejecutivo del PSOE tuvo tiempo de aprobar en febrero una ley que pretendía acabar con el incremento del horario lectivo impuesto en 2012 a los docentes de Primaria y Secundaria. Finalmente, el texto se limitaba a recomendar que los maestros de Primaria tuvieran un máximo de 23 horas lectivas semanales, 18 horas en el caso de los profesores de Secundaria. La decisión final quedaba en manos de las comunidades autónomas.
La situación de interinidad del Gobierno, con unos presupuestos heredados del Partido Popular, ha lastrado la renovación del sistema de becas y ayudas al estudio. A pesar de la reactivación del Observatorio de Becas tras un paréntesis de siete años, Celaá tuvo que prorrogar para el curso 2019-2020 el modelo diseñado por el PP.
En este contexto, el Informe PISA de la OCDE, el mayor examen internacional de competencias educativas, reveló en diciembre que los estudiantes españoles empeoran en matemáticas y ciencias, con resultados equiparables a países como Hungría o Lituania. Además, las pruebas realizadas en 2018 demostraron una gran brecha entre el norte y el sur de España.
En el ámbito universitario, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas estrenó en 2019 nuevo presidente, Juan Carlos Gómez, rector de la Universidad de Córdoba, que el día de su elección, el 16 de mayo, se mostró partidario de implantar una prueba de acceso a la universidad común en todas las regiones. Todo, en punto muerto.