El Consejo de Gobierno de La Junta aprobó hoy el Plan de Inversiones Prioritarias con vigencia 2021-2025, que estará dotado inicialmente con 1.029 millones de euros, que supone un 41,4 por ciento más que el anterior (2016-2020). Estos fondos sirven para apoyar la prestación de los grandes servicios públicos, priorizando las actuaciones en las áreas de sanidad, educación y servicios sociales, con el objetivo de reducir los impactos negativos asociados a la crisis generada por el COVID. No en vano, seis de cada diez euros de este nuevo plan van destinados a sanidad, sobre todo para la construcción y reforma de hospitales y la compra de equipamiento, seguido de educación (24 por ciento) y servicios sociales (15 por ciento).
En la ruedad e prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo recordó que el Pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social en Castilla y León recogía como medida 73 la elaboración de un Plan de Inversiones Sociales Prioritarias para el periodo 2021-2025, con unos recursos de, al menos, los 728 millones de euros previstos en el último plan -cifra superada en 301,1 mllones de euros-, lo que implica un importante esfuerzo presupuestario de la Junta dirigido a la protección de los ciudadanos de la Comunidad.
La previsión del Plan para el periodo 2021-25 es realizar inversiones en sanidad que superan los 625 millones de euros, de los cuales se dirigirán a Atención Primaria 107,8 millones de euros; a inversiones destinadas a Atención Hospitalaria 459,3 millones; y por último, las inversiones en Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el área sanitaria ascienden a más de 57,8 millones de euros.
Las inversiones se dirigirán a nuevas actuaciones en infraestructuras sanitarias en función de la adaptación a las nuevas necesidades asistenciales, de la cartera de servicios sanitarios y a la antigüedad y estado de conservación de los edificios. Asimismo se prevé incrementar la adquisición de equipamiento asistencial en centros de salud, hospitales y complejos asistenciales y mejorar las infraestructuras soporte de las tecnologías de la información y la comunicación.
Las inversiones previstas en educación para el periodo del plan ascienden hasta los 246,8 millones de euros, de los cuales se destinarán 195,7 millones a la enseñanza no universitaria y más de 51 millones a inversiones en enseñanzas universitarias.
El Plan de Inversiones Sociales Prioritarias destinará las inversiones del área educativa no universitaria a obra nueva y ampliaciones de centros en función de las necesidades de escolarización; a actuaciones en reparación, mantenimiento y sustitución; y a equipamientos en centros existentes y nuevos para actuaciones en Formación Profesional, para garantizar una educación de calidad.
Por su parte, en la enseñanza universitaria se prevé mantener y rehabilitar infraestructuras y equipamiento de las universidades públicas; invertir en eficiencia energética y la sostenibilidad; renovar el equipamiento docente e investigador; apostar por el desarrollo y adaptación de centros de I+D; así como atender actuaciones en infraestructuras destinadas a la docencia y a la investigación a través del Programa Plurianual de Inversiones.
132 milllones para residencias
La inversión en Familia e Igualdad de Oportunidades será superior a los 157,3 millones de euros. Esta inversión se destinará a centros de personas mayores con 132,8 millones de euros; 11,9 millones a centros de personas con discapacidad; 8,6 millones a centros de menores; y 3,8 millones a escuelas de educación infantil e instalaciones juveniles.
En concreto, se invertirá en la creación o ampliación de unidades de convivencia en los centros de la Gerencia de Servicios Sociales, mejorar las infraestructuras e instalaciones de los centros de mayores, así como el equipamiento de las residencias de personas mayores y de los centros de día de personas mayores.
También se actuará en centros de personas con discapacidad, y en centros de menores e instalaciones juveniles para mejorar la calidad de vida de sus usuarios, mediante la creación de espacios adecuados que favorezcan su desarrollo, empleabilidad e incorporación a la sociedad.