Dos rebanadas de pan de molde, una loncha de queso y otra de pavo forman un «sándwich triste», bautizado así por María Luisa Sen, una de las decenas de personas afectadas en Segovia por el cierre de las clínicas iDental ahora hace un año. Ni siquiera lo mastica. Se lo traga directamente porque es la única forma en que puede comer desde que le intervinieron en la sede que esta red de centros tenía en el Polígono Industrial del Cerro. Su calvario también es económico. Devolvió en torno a la mitad del dinero que solicitó a una entidad financiera a cambio de que le hicieran un destrozo en la boca –alrededor de 5.000 euros– y aún es posible que tenga que reintegrar la otra mitad. «Me muero por comerme una ensalada. Sólo me alimento a base de cafés, sopas y sándwiches tristes, que me habré comido como dos millones. Hasta odio los purés ya. La gente que nos ha hecho esto no tiene alma y para los políticos somos una mierda», clama desesperada esta segoviana.
Su situación es la de miles de personas en toda España a causa de lo que la Organización Colegial de Dentistas de España ha calificado como «el mayor escándalo sanitario dental mundial conocido hasta el momento». El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha procesado a la cúpula de iDental por 24 presuntos delitos contra la Seguridad Social con carácter agravado en una pieza separada de la macrocausa contra el grupo odontológico. También ha paralizado el pago de los créditos que solicitaron para pagarse los tratamientos los afectados, que no saben sin embargo si finalmente tendrán que devolverlos y si recibirán indemnizaciones por los daños sufridos.
Los agrupados en la plataforma Afecade y representados por Negotia han ampliado la batalla legal contra el fraude de estas clínicas a la Administración Pública, mediante la presentación de una reclamación ante el Ministerio de Sanidad por la responsabilidad patrimonial en que ha podido incurrir al no supervisar su actividad. Piden en conjunto una indemnización que supera los nueve millones. «Sabiendo que iDental acumulaba tantas quejas y reclamaciones se ha permitido que continúe trabajando concertando más préstamos vinculados a sus tratamientos odontológicos, captando así más pacientes perjudicados», dice el escrito de denuncia que piensan llevar hasta lo contencioso-administrativo con el objetivo de resarcir a los pacientes y que la Administración reconozca su responsabilidad.
«intranquilo». David Martínez Gómez decía que le daba vergüenza sonreír. No lo hizo en los quince minutos que duró su encuentro con El Día de Segovia delante de la nave industrial origen de su amargura. Aseguraba sentirse «agobiado» y «preocupado». Un año después, su estado de ánimo apenas ha cambiado. Afirma estar «intranquilo» y sigue recibiendo cartas de Sabadell Consumer reclámandole el crédito que le concedió a pesar de que el tratamiento quedó interrumpido. Su abogado le ha dicho que no pague, pero mientras en su boca hay seis huecos de otros tantos implantes que no le llegaron a colocar y asegura que «no me puedo permitir ir a otro dentista porque he estado sin trabajo hasta hace muy poco».
No hay consuelo para el periplo al que se han visto sometidos, víctimas de una trama que desvió fondos millonarios para adquirir casas y bienes de lujo, según las investigaciones policiales, que también han concluido que nunca hubo intención de reflotar estas clínicas. Un escándalo mayúsculo de alcance también considerable en Segovia, donde el Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León se convirtió en el depositario de 3.661 historias clínicas tras la orden dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Segovia de registrar las instalaciones que iDental tenía en el polígono.
María Luisa Sen cobra una pensión de jubilación de 1.000 euros que, subraya, «no estaría mal si no tuviera el problema que tengo». Acumula infección tras infección «y me tienen que quitar los siete dientes que me dejaron porque la dentadura de sustitución que me pusieron me los ha machacado». En este año y unos pocos días que han pasado desde que al acudir a la clínica a una cita que tenía concertada se encontró con la puerta cerrada, no ha parado de buscar profesionales que la ayuden a salir de este túnel. «Me han pedido desde 18.000 euros hasta 12.000 o 6.000, pero he ido a lo más barato porque estoy desesperada», relata. Suspira por poder disfrutar de los aliños de ensalada que elabora su hija y acabar con esos sándwiches tristes que se han convertido en una pesadilla para ella.