La Junta de Castilla y León prevé recibir unos 240 millones de euros de los fondos europeos, enmarcados en la Agenda Urbana española, que se destinarán para la construcción de viviendas eficientes para alquiler social y la rehabilitación energética de edificios, como fórmula para lograr la recuperación económica y social. Una rehabilitación del parque edificado que será tanto en entornos residenciales como en edificios públicos.

Fueron algunas de las claves que subrayó el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante su participación en la reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, que se ha celebrado por videoconferencia.

Estos planes se enmarcan en los Programas e Inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: 'Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana'. Estos programas cuentan con unos fondos europeos estimados de 5.500 millones de euros, de los que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana repartirá 4.450 millones entre las comunidades autónomas para abordar reformas en materia de vivienda. 

Si bien no se concretaron los porcentajes de participación, Castilla y León espera recibir en torno al 5,4 por ciento. Es decir, unos 240 millones de euros, en proporción al número de hogares y censo de la Encuesta Continua de Hogares (INE) referida al año 2020.

El programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales cuenta con 3.420 millones de euros, aunque la cuantía máxima a repartir entre las comunidades será de 2.970 millones. Castilla y León podría recibir un 5,43 por ciento (161 millones de euros).

El contenido de este programa incluye ayudas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio (ARRUS), apoyo a las oficinas de rehabilitación, programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética en viviendas y la elaboración del 'Libro del edificio existente' para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación.

El Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes dispone de mil millones de euros, y a Castilla y León le podrían corresponder 54,3 millones. El objeto de esta partida es fomentar e incrementar el parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o a precio asequible, mediante la promoción de viviendas de nueva construcción sobre terrenos de titularidad pública.

Las promociones de viviendas de nueva construcción deberán destinarse al alquiler o cesión en uso durante un plazo mínimo, en ambos casos, de 50 años. Para poder obtener financiación, los edificios que se construyan deberán tener un consumo de energía primaria no renovable inferior a unos valores límite preestablecidos.

Ayudas a promotores

Los promotores de las viviendas podrán obtener una ayuda, proporcional a la superficie útil de cada vivienda, de hasta un máximo de 500 euros por metro cuadrado de superficie útil de vivienda. La cuantía máxima de esta subvención no podrá superar el 60 por ciento de la inversión de la actuación, con un límite máximo de 50.000 euros por vivienda.

A través de acuerdo de la Comisión Bilateral se identificarán los terrenos de titularidad pública objeto de la actuación y las características de la promoción de nuevas viviendas en alquiler social.

El Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP) cuenta con 1.080 millones, de los que 480 se distribuirán para este fin entre las comunidades autónomas, el resto se destina a las entidades locales. El objeto del programa es subvencionar la rehabilitación sostenible del parque público institucional con visión integral, no solo eficiencia energética, y para todo tipo de edificios de titularidad pública, incluidos los de la administración institucional.

Castilla y León estima recibir para este programa unos 24 millones y se financiará el cien por cien de las actuaciones de eficiencia energética, y el 85 por ciento en el caso de mejoras ambientales, de accesibilidad y habitabilidad, entre otras, aportando las comunidades autónomas el 15 por ciento restante.

En contra del criterio de reparto

Suárez-Quiñones mostró su disconformidad con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, con el criterio de reparto de este último programa, que es por población. “Entendemos que el criterio adecuado para este reparto debe considerar total o parcialmente el número de edificios públicos que tiene cada comunidad autónoma, dado que a ellos van dirigidas las ayudas”, significó. 

Además, precisó que Castilla y León tiene que hacer un esfuerzo “especial” para hacer llegar los servicios públicos a su extenso territorio, desconcentrando su estructura, lo que implica un mayor número de edificios públicos que comunidades autónomas con más población y menos territorio donde existe una concentración de estos inmuebles y un menor número relativo por economía de escala de gestión.