La Junta de Castilla y León fijó hoy las directrices de los presupuestos de 2020 con tres ejes: la creación de empleo, la calidad de los servicios públicos y el compromiso con el medio rural, incluyendo el reto demográfico. Esta priorización se realizará conforme a las normas del Gobierno regional, “garantizando, en todo caso, la cobertura de los compromisos ya adquiridos y la realización de las actuaciones cofinanciadas con recursos de carácter finalista, tanto de la Unión Europea como de otras Administraciones y entes”, según recoge la orden de la Consejería de Economía y Hacienda que publica en su edición de hoy el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Tal y como adelantó el consejero del ramo, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del pasado jueves, el Ejecutivo publica en el boletín de este lunes unas directrices para la elaboración de las cuentas de 2020, por la que “se adecuarán sus ingresos y gastos al cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda pública que se establezca para la Comunidad, ajustándose al límite de gasto no financiero que aprueben las Cortes” y cuya propuesta se enviará para su aprobación el próximo mes. Un techo de gasto, el más alto desde que el Ejecutivo autonómico calcula esta magnitud, que asciende a 10.167 millones de euros, un 6,16 por ciento más sobre las de 2018, las últimas no prorrogadas.

Los presupuestos 2020 de Castilla y León verán la luz sobre la previsión de un crecimiento económico del 1,6 por ciento, una tasa de paro que se reduce hasta el 10,8 por ciento y un aumento de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del 0,8 por ciento, con la creación de 7.000 nuevos empleos.

El techo de gasto se obtiene de la suma de los ingresos no financieros que prevé obtener la Comunidad el año que viene –10.018,62 millones de euros, el 7,16 por ciento más que en el presupuesto de 2018– y de los recursos asociados al objetivo de déficit, que está fijado en el 0,2 por ciento del PIB regional y equivale a 124,10 millones. A la cantidad obtenida hay que añadirle 24,87 millones como consecuencia de los ajustes de Contabilidad Nacional.

El resultado de la operación es el tope de 10.167,59 millones de euros de gasto no financiero en los que como máximo podrá incurrir el Gobierno de Castilla y León durante el año que viene, 590,12 millones más que el previsto en el presupuesto de 2018.