La Guardia Civil de Segovia ha investigado a cuatro personas autoras de un presunto delito contra la ordenación del territorio, hechos que han ocurrido desde el año 2019 hasta la actualidad en la localidad de Cuéllar (Segovia).

Según ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno en Segovia, los investigados son el promotor de las obras, los constructores y  un director técnico de los trabajos, a los que se les atribuye la comisión de un supuesto delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo.

Para estas conductas el Código Penal prevé penas de hasta 4 años de prisión, multa de 12 a 24 meses, que incluso pueden llegar al triple del beneficio obtenido, así como inhabilitación especial para profesión u oficio de 1 a 4 años, señalando como responsables a los promotores, constructores o técnicos directores de las obras ilegales. 

Accesoriamente, los jueces y tribunales pueden ordenar la demolición de la obra a cargo del autor del hecho

El Seprona de la Comandancia de Segovia localizó, en abril, unas obras en las que en suelo rústico no urbanizable se estaban ejecutando diferentes construcciones cuyos usos no estarían contemplados por la normativa urbanística para esta clase de terrenos. 

Las fuentes oficiales han añadido que, por dicho motivo, se inició la pertinente investigación, efectuando las correspondientes inspecciones urbanísticas para concretar los trabajos llevados a cabo, comprobando las características de las edificaciones levantadas.

Las construcciones consistían en una nave 15 veces mayor a la permitida en la licencia y un merendero con piscina, carentes de autorización, por lo que eran completamente ilegales, de acuerdo con la Subdelegación del Gobierno, solicitándose posteriormente a la Administración Local competente los correspondientes informes municipales. 

En estos documentos aportados por el Ayuntamiento se concluía que las construcciones efectuadas no se correspondían con las solicitadas en el proyecto, la parcela no contaba con la superficie mínima exigida en las normas municipales, ni con los retranqueos establecidos y el uso pretendido no estaba permitido para esa finca.

Las construcciones no eran autorizables, al no poder ser legalizada la nave y no estar contemplado por la normativa el uso del merendero con piscina de ocio tiempo libre privado para el tipo de suelo -rústico común- en el que se asentaba.

A la vista de estos resultados, se procedió a la investigación del promotor de las obras, de los constructores y de un director técnico de los trabajos citados, a los que se les atribuye la comisión de un supuesto delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo. Asimismo, se acusa al dueño de las edificaciones de un delito de desobediencia, al haber hecho caso omiso a la orden de paralización de las obras dictada en un decreto de la Alcaldía de diciembre de 2019.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil se insiste en que hay diferentes usos urbanísticos que están prohibidos por la legislación vigente para el suelo rústico. 

Especialmente restringidas están las edificaciones con un uso residencial, las cuales solamente podrán ser autorizadas tras la tramitación del oportuno expediente administrativo y prácticamente solo cuando amparen viviendas vinculadas a explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.