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«Los robots de las empresas deberían cotizar"

Óscar Fraile
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Nacido en Valladolid hace 60 años, este doctor en Derecho ha publicado un trabajo sobre nuevas tecnologías en el ámbito laboral que es uno de los ocho seleccionados por el Ministerio, entre 130 presentados, para conmemorar el centenario de la OIT

«Los robots de las empresas deberían cotizar" - Foto: Jonathan Tajes

Laurentino Dueñas ha dedicado parte de los últimos años de su vida a investigar el impacto de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral. Este profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid ha publicado un trabajo en el que defiende que esta regulación debe hacerse a través de una Directiva Europea que se traslade a la legislación nacional con un Real Decreto Ley. Se trata de una de las ocho investigaciones que ha seleccionado el Ministerio de Trabajo, entre las 130 presentadas por más de 60 universidades españolas, para conmemorar el centenario de la Organización del Trabajo (OIT). Todas forman parte del libro Iniciativa Interuniversitaria sobre el Futuro del Trabajo.

¿En qué consiste su trabajo de investigación?

Esto empezó hace prácticamente dos años y medio, cuando dirigía un grupo de compañeros y compañeras que analizaba la economía 4.0 y el ámbito de la digitalización en el mundo laboral. Presentamos varias comunicaciones a un congreso de Santiago de Compostela. Después nos encontramos con una iniciativa interuniversitaria propuesta por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la celebración de su centenario. Esto concluía con un congreso en Sevilla donde se abrieron cuatro conversaciones, y una de ellas era la gobernanza del trabajo ante las nuevas formas de producción. Y allí lo presenté. En el trabajo abordo si esto se podía regular o no y a través de qué medios. No tanto entrando en el contenido de qué es la digitalización del trabajo y sus consecuencias, aunque también tenía que tocarlo.

¿Y a qué conclusión llegó?

Una de las propuestas era que se podía regular a nivel interno en cada uno de los estados miembros de la Unión Europea desde el Diálogo Social, con la intervención de los interlocutores sociales.

¿Por qué cree que el Diálogo Social es el marco más adecuado?

Es imprescindible. Se trata de un modo de regular sin que se dañe la soberanía nacional, es decir, sin que se deje de lado al Parlamento, que es quien hace las leyes. Es un mecanismo de la denominada democracia social que tiene la ventaja de la concertación social, que, si se alcanza, es garantía de que la futura será más duradera y más fácil de cumplir, porque es una forma de dar entrada, casi como colesgisladores, a los agentes sociales. El Diálogo Social es muy propio, no solo en el ámbito europeo, sino también lo fue en España en momentos como la Transición. También es un principio rector que aparece en el Estatuto de Autonomía. El Diálogo Social en Castilla y León ha conseguido grandes logros. Y así empezamos nosotros el trabajo, para saber cómo se podía, desde el ámbito de las comunidades autónomas, influir en un desarrollo a nivel regional de la economía digital. El problema más importante que nos encontramos es que, aunque este aspecto podía aparecer en los convenios colectivos de Castilla y León, la regulación laboral es competencia exclusiva del Estado, así que el marco no podía quedarse en la comunidad autónoma.

Una de las consecuencias más palpables que hemos visto de la irrupción de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral ha sido el teletrabajo, sobre todo a raíz de la pandemia. Un sistema que ya ha sido regulado con una norma nacional. ¿Qué le parece?

Ha habido dos aspectos relacionados con las nuevas tecnologías. En primer lugar, la regulación del teletrabajo, es decir, el trabajo a distancia, que se ha hecho por Real Decreto Ley después de un acuerdo previo con los interlocutores sociales. Estamos hablando de septiembre de 2020, pero lo cierto es que en el primer Real Decreto Ley de la pandemia, el de marzo, ya se pide que se intente priorizar el teletrabajo para mantener la economía. En ese momento se produce un aumento de este sistema y luego se regula no como algo coyuntural, sino estructural. Algo que ha venido para quedarse.

¿Considera que se ha desarrollado una ley tan importante con suficiente reposo pese a la urgencia que imponía la pandemia?

Hago una buena valoración porque tiene visos de permanencia y está avalada por una negociación y un proceso. Ya se consideraba que el teletrabajo tenía poca implantación en nuestro país. Sobre todo había acuerdos en la función pública y en el ámbito de las comunidades autónomas, pero no existía una regulación como tal. En el ámbito europeo, los interlocutores sociales habían firmado en 2002 un acuerdo marco sobre el teletrabajo, que se sometió a una reforma en 2009, y que se implantó en nuestro país mediante la fuerza que tenían los interlocutores sociales: UGT, CCOO y CEOE-CEPYME. Además, en España salió la Ley de Protección de Datos en 2018, que es muy importante para la economía digital. Quiero decir que ya había unos puntos de referencia muy significativos que tuvo en cuenta el legislador español. No obstante, las estadísticas dicen que en España se ha hecho mucho esfuerzo regulador y que el teletrabajo se sigue utilizando muy poco.

Porque al final no todo se basa en las leyes, hay cambios que deben ser culturales…

Exactamente. Somos presencialistas en el trabajo. Y parece que es hacia donde estamos volviendo. Según estadísticas de la Unión Europea, durante la pandemia, en países de nuestro entorno, cuatro de cada diez empleados estaban teletrabajando. Y en España esta modalidad subió del cinco al 30 por ciento. Nunca llegamos a estar a nivel europeo. Y ahora, cuando estamos saliendo de la pandemia, está bajando otra vez. ¿Por qué? Por una cuestión cultural, sin duda, y también porque hay que dar un poco de tiempo. Es difícil regular el teletrabajo y que empiece a reflejarse en los convenios colectivos.

¿Cuáles son las principales dificultades?

Ha habido que definir qué se entiende por teletrabajo ordinario o trabajo a distancia estable y se ha determinado que, en un periodo de tres meses, al menos el 30 por ciento del tiempo el trabajador lo haga desde su casa o desde el lugar que elija. Otro aspecto que se ha abordado es quién corre con los gastos de los medios de producción, que, por supuesto, debe ser la empresa. Y hay más aspectos, como la retribución, la prevención de riesgos laborales, que es compleja cuando se trabaja fuera del centro de la empresa, el control de la jornada, el derecho a la desconexión digital, etcétera. Siempre se partió de que las personas que hagan trabajo a distancia deben tener los mismos derechos que si estuvieran haciendo esa labor presencialmente. Han aparecido nuevos riesgos laborales asociados al estrés, hasta dónde se lleva el control del trabajador...

Decía antes que en España somos presencialistas. ¿Es cierto el mito de que pasamos más tiempo en nuestro puesto de trabajo que en otros países, independientemente del nivel de producción?

Es un mito falso. Cuando vemos la productividad respecto al número de horas, estamos muy parejos a cualquier país de la Unión Europea. Hay una jornada máxima en el Estatuto de Trabajadores que está en torno a 1.826 horas al año, y prácticamente no hay ningún convenio que llegue a ese nivel. Todos están en torno a las 1.760 horas. Creo que ahora mismo la jornada laboral en España está bastante bien establecida.

¿Qué impacto ha tenido la irrupción de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral, más allá del teletrabajo?

Por ejemplo, en los últimos cuatro o cinco años se han generalizado plataformas como Uber, que tuvo un enfrentamiento muy fuerte con los taxistas. Ahora mismo hay un debate abierto con las plataformas digitales que contratan para el reparto de comida u otra mercancía. Tan importante ha sido esto que ha habido una plétora de sentencias que no han resuelto el tema hasta que en septiembre de 2020 el Tribunal Supremo dijo que se trataba de una relación laboral. La Inspección Laboral ya había dicho antes que esas personas eran falsos autónomos, que en realidad eran trabajadores por cuenta ajena. Esto fue muy importante porque aquí empresas como Glovo, Uber, Deliveroo y Just Eat, entre otras, tenían bastantes trabajadores. Esta digitalización del trabajo ha llegado para degradar las condiciones laborales, para cobrar menos y para crear una economía de subsistencia. Estamos volviendo para atrás, al siglo XIX.

¿Se han producido desequilibrios de género en la aplicación del teletrabajo?

Con el teletrabajo tanto el hombre como la mujer se han quedado en casa teletrabajando, pero después, según varios estudios, la conciliación de la vida familiar y laboral no ha sido igual. La mujer no quería estar porque era la que seguía atendiendo a los hijos, cuidando de los mayores y haciendo las tareas, mientras que el hombre hacía lo mismo que en el trabajo, pero en su casa, con lo cual estaba encantado. El problema de la falta de corresponsabilidad de tareas de ha multiplicado. Así que algo que está pensando para la conciliación ha acabado revelando los problemas de siempre.

¿Cree que, en términos generales, las nuevas tecnologías han mejorado o empeorado las condiciones laborales?

Es algo complicado. Por ejemplo, la tecnología lleva mucho tiempo en las cadenas de producción del automóvil. ¿La robotización destruye puestos de trabajo? ¿La mecanización destruye puestos de trabajo en el campo? Pues sí, pero crea otros nuevos. ¿En qué medida? Hay dos teorías. Los que dicen que hay que hacer un esfuerzo de formación muy importante para ocupar los puestos de trabajo que van a sustituir a los antiguos, y los que dicen que se va a producir una extinción de empleos. Y de ahí deducen que puede haber un reparto del tiempo de trabajo. Por ejemplo, la jornada de cuatro días a la semana. Habrá que ir pensando en todas estas cuestiones. Hay que tener en cuenta que los robots no cotizan a la Seguridad Social, por lo que esta tendencia puede generar un mayor déficit. ¿Deben cotizar los robots a la Seguridad Social? Es un debate abierto. Yo soy partidario de que se humanicen y lo hagan para mantener el sistema, porque, si no, una empresa que tenga un 90 por ciento de robots y un diez por ciento de empleados humanos va a aportar muy poco.

Hablaba ahora de la importancia de la formación para ocupar los puestos de trabajo que están apareciendo. ¿Se está haciendo el suficiente esfuerzo desde el ámbito privado en este sentido?

Algunos sí, porque no les queda otra. Un ejemplo son las empresas de automoción, donde se está sustituyendo mucho trabajo por robots. La falta de formación es algo que está afectando incluso al sector de la construcción. Aquí se juntan dos problemas: la digitalización de la economía y la globalización, que ha llevado la producción a los sitios donde es más barato hacerla. Y ahora vemos que existe un verdadero monopolio de Asia en los semiconductores, que no llegan.

¿Tenemos un marco legislativo lo suficientemente dinámico como para adaptarse a los cambios que imponen las nuevas tecnologías, que muchas veces son vertiginosos?

Yo creo que sí, gracias a la normativa del trabajo a distancia, desde septiembre de 2020 y, en menor medida, porque se han dejado agujeros abiertos, a la ley de los riders. Tenemos otras normas que ayudan, como la Ley de Protección de Datos del año 2018, previo reglamento de la Unión Europea.