Casi con el control cerrado, las patronales CEOE y Cepyme han planteado su propuesta para la contrarreforma laboral del Partido Popular, que tiene que estar enviada a Bruselas antes de que termine el mes para que comiencen a fluir los fondos de recuperación europea. Que la propuesta de los agentes económicos llegue tan tarde puede obedecer a que no quieren que la reforma salga con su aval, lo que puede originaria un cierto recelo de las instituciones europeas que han pedido que la reforma se haga por consenso, aunque no es una condición sine qua non.  

Los empresarios saben que cualquier reforma laboral perjudicará sus intereses porque la legislación que armó el gobierno de Mariano Rajoy les concedía todos los instrumentos para laminar a los sindicatos y la legislación laboral precedente al tiempo que facilitaba y abarataba el despido y dejaba sin sustancia la negociación colectiva. Con sus propuestas, las patronales dan una vuelta de tuerca más y no solo se oponen a los ejes centrales de las novedades que pretende el gobierno, sino que reabre capítulos que no estaban previstos en un ejercicio de filibusterismo que entorpecerán la negociación.  

La posición de las patronales parece responder a una actitud de pedir todo lo que beneficia sus intereses y no aceptar nada de lo que puede perjudicarles con lo que llevan la negociación a un punto de partida que es inaceptable para el gobierno y los agentes sociales. Sus posiciones son tan maximalistas que solo se entienden si son un elemento negociador, pero a estas alturas es difícil no ver también intereses políticos en su actitud.  

CEOE y Cepyme se oponen a la introducción de cualquier medida que suponga limitar la temporalidad, uno de los principales problemas del mercado laboral español, sobre el que precisamente incide la Unión Europea para controlar su utilización desmedida. Temporalidad y precariedad van de la mano y necesitan una nueva regulación para proporcionar estabilidad a los trabajadores, mejorar su nivel de vida, y facilitar a los jóvenes su emancipación. Las tres causas de temporalidad, la fijación de sus límites o las sanciones por contratación temporal abusiva que proponen Gobierno y sindicatos son rechazadas de plano por las patronales que quieren el mantenimiento de statu quo, a pesar de que algunas de sus propuestas ya han sido tomadas en consideración durante el proceso negociador.  

A esas propuestas se añade que la CEOE ha puesto sobre la mesa la petición de un nuevo abaratamiento del despido, cuando el Ejecutivo ha dejado fuera de la negociación ese aspecto fundamental de la reforma del PP, lo que supone otra muestra más de su escasa voluntad negociadora. Los empresarios habían dicho que no aceptarían una reforma laboral 'ideologizada' y han pasado de una actitud que ha permitido una decena de pactos sociales a cerrarse en banda a cualquier acuerdo.  

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, había manifestado su intención de no agotar los tiempos para enviar la reforma a Bruselas, lo que seguramente no podrá cumplir. No obstante, la patronal ha jugado muy fuerte. Porque una cuestión es que la UE pida que el nuevo marco laboral se apruebe por consenso y otra que sea estrictamente necesario cuando, además, se contravienen sus directrices.