El Juzgado de lo Penal de Soria condenó a la directora del Centro de Educación Especial Santa Isabel de la capital como autora de un delito de revelación de secretos a un año de prisión e inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo, seis meses de multa con una cuota diaria de diez euros durante el tiempo de condena y una orden de alejamiento con respecto de la víctima y trabajadora del centro de 300 metros durante tres años.
Además, se le condenó como autora de un delito leve de maltrato de obra por el que deberá abonar un mes de multa con una cuota diaria de diez euros, alejamiento de 300 metros durante seis meses e indemnizar con 3.000 euros a la víctima.
El Juzgado absuelve a la acusada de un delito de trato degradante. La denunciada, al frente del centro educativo durante los últimos ocho años y trabajadora del mismo hace cerca de tres décadas, estaba acusada de propiciar “un reiterado y sistemático trato gravemente desconsiderado” hacia la dignidad personal de la trabajadora “haciéndole objeto de humillaciones continuas, gritándole de forma habitual y dispensándole un trato denigrante”.
La trabajadora denunció unos hechos ocurridos en septiembre de 2016 como constitutivos de delito al sentirse objeto de dicho trato degradante durante el periodo en que prestó sus servicios en el colegio público Santa Isabel haciendo responsable a la directora de hacer prevalecer su relación de superioridad en el ámbito laboral.
La trabajadora denunciante fue destinada al colegio Santa Isabel en mayo de 2008 y desde entonces y hasta septiembre de 2016 desempeñó allí sus funciones como ayudante técnico educativo.
A raíz de la denuncia derivada de estos hechos, la Dirección Provincial de Educación en Soria abrió un expediente informativo que se cerró sin consecuencias. Las conclusiones fueron derivadas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3, que practicó la instrucción, pasando posteriormente al Juzgado de lo Penal.
La sentencia determina como hechos probados que no consta como acreditado que en el tiempo que trabajó como directora dispensara un trato desconsiderado, ni le hiciera objeto de humillaciones continuas ni le gritara de forma habitual, dispensándole un trato degradante.
Pero sí determina probado que recibió un informe del director de Educación relativo a las quejas que presentó la víctima y que contenía datos médicos y un diagnóstico de su salud y lo hizo público ante el personal docente y no docente.
Contra la sentencia cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Soria.