Mucho se ha hablado de actos incívicos o malos hábitos que dañan el Acueducto, sobre todo, desde que se anunció a mediados de 2018 la elaboración de una nueva ordenanza con sanciones específicas para proteger el icono de la ciudad. El tema se ha amplificado además por las redes sociales, dado que tales conductas se producirían antes con una frecuencia mayor, menor o parecida, pero ahora resulta mucho más difícil que pasen desapercibidas.
Sobran los ejemplos: desde el joven francés que se hizo viral tras escalar el Acueducto y publicar su ‘hazaña’ en Instagram en abril de 2018 hasta un descerebrado que tiempo después se subió a la Muralla en el Postigo para hacerse un selfie con el monumento de fondo; aparte de la cantidad de jóvenes e incluso niños que se suben para que sus padres los retraten. En cuanto se publican imágenes o vídeos de ese tipo, arrecian los comentarios y es habitual que el debate derive hacia la necesidad de aprobar la esperada ordenanza para evitar esto. Sin embargo, que no esté vigente todavía no significa que no se puedan penalizar ya algunos de los actos incívicos que más controversia generan, y de hecho ya se hace. Con poca frecuencia y escaso castigo, pero se hace.
Así ocurrió el pasado sábado, cuando las cámaras de vigilancia que están operativas entre la plaza de Día Sanz y el Azoguejo desde la segunda semana de febrero permitieron ver a dos menores sobre el Acueducto. Se subieron a la zona más accesible, la que más sufre este tipo de actitudes, en Día Sanz, y en presencia de al menos uno de sus padres. Una patrulla que estaba cerca acudió para interponerles las denuncias.
Son las dos primeras de las que informa la Policía Local este año, el mismo número que se contabilizaba en 2019 a estas alturas. En todo 2018 se pusieron cuatro y en 2017, ninguna por este motivo y una por una pintada; concretamente, en un sillar de Teodosio el Grande.
Las sanciones que se imponen por este motivo no son grandes. A falta de normativa municipal específica, la Policía Local basa las denuncias por subirse al Acueducto en el incumplimiento de una ley nacional, la de Protección de la Seguridad Ciudadana, que en su artículo 37, donde se citan supuestos de infracciones leves, señala «el escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un cierto riesgo de que se ocasionen daños a las personas o los bienes». Y según indican desde la Subdelegación del Gobierno, responsable de la tramitación de estas denuncias por basarse en una normativa nacional aunque las interpongan agentes municipales, las seis que se pusieron entre 2018 y 2019 se quedaron en la cuantía mínima, 100 euros, aunque la horquilla llegue hasta la posibilidad de 600. Si tales conductas causan daños al monumento podría hablarse de multas mayores o incluso de delitos contra el Patrimonio, pero no se consideró así en estos casos.
Ocurrió parecido con la pintada de 2017, pese a que ese tipo de infracción sí se recoge desde 2011 en una norma local, la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, que fija multas de 1.500,01 a 3.000 euros por «grafitos, pintadas y otras expresiones gráficas» que atenten contra «monumentos histórico-artísticos o edificios catalogados o protegidos». Aun así, la Policía Local basó esa denuncia en el incumplimiento de la ley nacional de Seguridad Ciudadana y se tramitó por otro supuesto del artículo 37: «Daños o el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes muebles o inmuebles privados en la vía pública, cuando no constituyan infracción penal».
Sobre el papel, la ordenanza de protección del Acueducto endurecerá sanciones como la de subirse al Acueducto, que pasará a costar de 1.500,01 a 3.000 euros, y ampliará el listado de supuestos de infracción, entre los que estará dar de comer a las palomas (multa ‘leve’ de ‘hasta 750 euros’, pero con una cuantía mínima sin fijar). No obstante, primero hay que cursar la aprobación inicial de la normativa, para la que ya no se dan plazos, ante la necesidad de modificar otras ordenanzas en paralelo, las de tráfico y convivencia ciudadana. Y después, en la práctica, habrá que ver hasta qué punto se pone rigor en la aplicación de la norma, pero al menos ahora ya se cuenta con un sistema de videovigilancia que, en teoría, debería facilitar que el número de denuncias termine aumentando con respecto a años pasados, aunque en lo que va de 2020 se hayan puesto las mismas que en los tres primeros meses de 2019.