El Procurador del Común,MiguelQuintana, reclamó ayer a la Junta de Castilla y León, y en especial a la Consejería de Sanidad, que lleve a cabo la creación de una unidad de referencia para los pacientes con fibromialgia y síndrome de fatiga crónica en Castilla y León dotada, como mínimo, de las especialidades de Endocrinología, Reumatología, Traumatología y Psicología procediendo. Además, exige que, mientras se lleva a cabo su construcción, se derive a los pacientes con diagnósticos claros a Unidades de Referencia de otros territorios.

Una petición que llega después de que la institución haya recibido quejas que ponían de manifiesto la situación de los pacientes que sufrente estas dolencias en cuanto a las carencias que padecían, tales como la inexistencia de esa unidad de referencia, la negativa de la Administración a derivar a pacientes fuera de Castilla y León y la falta de empatía de algunos profesionales.

En las reclamaciones al Procurador delComún también se ponen de relieve otras consecuencias, como las que conllevan la falta de adaptación de las condiciones laborales en determinados puestos de trabajo, así como la especial prevalencia de estas patologías en el colectivo femenino. Las personas que padecen estas dolencias crónicas -señalan desde la institución autonómica- «tienen que convivir con la incomprensión social y laboral en muchos casos y con la falta de conocimiento, en ocasiones, de quienes deben darles una solución a sus problemas».

Comunidades pioneras

Admitidas las quejas a trámite, el Procurador detectó que hay comunidades autónomas pioneras no sólo en la asistencia médica de este tipo de pacientes, sino en la propia regulación de la misma -como Cataluña y País Vasco-.Por esto, Quintana entiende que Castilla y León debe intentar dotarse de «recursos sanitarios, sociales y de toda índole que pongan a sus ciudadanos en pie de igualdad con los pacientes de otras comunidades».

Para ello, también reclama formación de los profesionales sanitarios en orden a su sensibilización respecto de este tipo de pacientes, evitando de forma sistemática la derivación a servicios de Psiquiatría, agilización de los sistemas de diagnóstico y adopción de medidas para evitar la superposición de tratamientos y la agilización de las listas de espera en las diversas especialidades que tratan estas dolencias.

Además, solicita la adopción de medidas eficaces para la corrección de factores de riesgo asociados a cuestiones de género, medidas para la integración social y la promoción de la autonomía personal, actualizando la valoración y reconocimiento de la situación de discapacidad, dependencia e incapacidad mediante la adecuada formación de los órganos valoradores y adaptación de los baremos.

Por último, pide que se posibiliten los cambios de puesto de trabajo, así como un mayor reconocimiento y valoración del impacto de la labor desarrollada por las asociaciones en la mejora de la salud de las personas afectadas, según informa Ical.