El número de sentencias dictadas en el segundo trimestre de 2019 por los juzgados especializados en acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física fue de 4.418 en Castilla y León, frente a las 38.521 contabilizadas en España. Así se recoge en los datos recopilados por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial y publicados hoy.
Estos juzgados, que entraron en funcionamiento el 1 de junio del año pasado, conocen de asuntos que se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa. En total, y desde su puesta en marcha, estos órganos judiciales han dictado 178.174 sentencias, de ellas 20.720 en Castilla y León.
Los juzgados han resuelto ya el 41,3 por ciento de todos los asuntos ingresados desdeque fueron creados. La tasa de resolución en el segundo trimestre -que indica el número de asuntos resueltos en relación con los ingresados- se sitúa ya por encima del 100 por 100 prácticamente en toda España, siendo de un 133,3 por ciento en Castilla y León, que ocupa el octavo puesto entre las autonomías. En el conjunto nacional el 96,55 por ciento de las 31.630 sentencias notificadas entre los pasados 1 de abril y 30 de junio fueron favorables al cliente.
La tasa de resolución a nivel nacional en el primer trimestre del año experimentó una nueva mejora y, del 82 por ciento del primer trimestre ha pasado al 118,4 por ciento del segundo, superando así la barrera del cien por cien. Este dato pone de manifiesto que entre marzo y junio de este año se han resuelto más asuntos de los que han ingresado en prácticamente todo el territorio nacional.
Desde la puesta en marcha de los Juzgados especializados la tasa de resolución ya es del 41,3 por ciento, lo que supone que ha crecido en seis puntos porcentuales con respecto a la de 31 de marzo de 2019, cuando era del 35,1 por ciento. La mejora de la tasa de resolución de asuntos se ha producido prácticamente en todos los territorios.
Los datos recopilados por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial indican que se ha superado el cien por cien en doce comunidades autónomas, siendo especialmente positivas las cifras de Aragón y Asturias, donde los órganos especializados en cláusulas abusivas han mostrado una capacidad resolutiva del 234,6 por ciento y del 237,3 por ciento, respectivamente.
Por encima de la media nacional del trimestre se han situado Asturias (237,3 por ciento); Aragón (234,6 por ciento); Canarias (179,6 por ciento); La Rioja (160,3 por ciento); Castilla-La Mancha (150,4 por ciento); Galicia (142,4 por ciento); Extremadura (135,6 por ciento); Comunidad Valenciana (133,8 por ciento); Castilla y León (133,3 por ciento); Murcia (121,5 por ciento) y Cantabria (118,5 por ciento). Por debajo de la tasa nacional del trimestre se sitúan Andalucía (112,4 por ciento); Cataluña (97,9 por ciento); País Vasco (86,1 por ciento); Baleares (75,9 por ciento); Madrid (71,4 por ciento) y Navarra (61,8 por ciento).
La tasa de resolución más alta, tomando como referencia la fecha de creación de los Juzgados especializados, es la de Asturias (86,7 por ciento). Le siguen La Rioja (80,2 por ciento); Castilla y León (60,2 por ciento); Castilla-La Mancha (57,8 por ciento); Aragón (51,5 por ciento); Navarra (51,1 por ciento); Canarias (49,8 por ciento); País Vasco (48,1 por ciento); Baleares (45,3 por ciento); Comunidad Valenciana (44,3 por ciento); Galicia (43,5 por ciento); Extremadura (43,4 por ciento); Murcia (43,1 por ciento) y Cantabria (41,8 por ciento), comunidades que en todos los casos tienen una tasa mayor a la media nacional. Por debajo de la media del 41,3 por ciento están Andalucía (30,5 por ciento); Madrid (29,8 por ciento) y Cataluña (23,8 por ciento).