La Junta cerró una emisión de deuda pública de 500 millones de euros, con vencimiento de 30 de abril de 2030, que cuenta con una demanda de inversores en el mercado 3,3 veces superior a esa cantidad, según una orden de la Consejería de Economía y Hacienda publicada ayer el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

La modalidad de la deuda se efectuará mediante obligaciones de 1.000 euros y el desembolso en favor del Gobierno se realizará hoy. La operación de crédito, ejecutada en los primeros días del mes, supone el regreso de la Administración autonómica a los mercados de capitales bajo este formato, tras el paréntesis del año 2020 en el que cubrió sus necesidades ordinarias de endeudamiento con cargo al Fondo de Facilidad Financiera.

Los cupones se abonarán los días 30 de abril de cada año hasta la fecha de amortización, correspondiendo abonar un primer cupón (corto) el 30 de abril de 2022. En caso de que el día de pago de intereses no fuera día hábil, el pago se trasladará inmediatamente al día hábil posterior, sin que ello suponga ajuste en los intereses debidos.

La amortización se desarrollará a la par por su valor nominal en la fecha de vencimiento y el precio de emisión ha sido fijado en un 99,367 por ciento del valor nominal. Además, el precio a desembolsar será del 99,187 por ciento del importe nominal de la emisión, incluyendo la comisión de colocación y la deuda emitida tiene carácter de segregable. Las entidades colocadoras de la deuda son BBVA, Caixabank, Deutsche Bank, HSBC y Banco Santander.

Mediante esta transacción, la segunda de mayor volumen tras la realizada en 2014, Castilla y León ha logrado captar 500 millones de euros entre inversores institucionales, habiendo recibido solicitudes por más de 1.600 millones de euros, lo que supone una ratio de sobresuscripción en torno a 3,3 veces el importe anunciado.

La fuerte demanda recibida ha permitido rebajar hasta en dos ocasiones el tipo de interés inicialmente previsto, que se cierra finalmente con un diferencial sobre el coste de la deuda el Estado de 17 puntos básicos, muy por debajo del máximo de 50 puntos que recoge la autorización de Consejo de Ministros.

Confianza

La Junta destacó que este hecho pone de manifiesto la «confianza y receptividad» que la Comunidad genera entre los inversores al valorar «positivamente su nivel de solvencia». La Agencia Moody’s le otorga a Castilla y León la misma calificación financiera que al reino de España, Baa1. Asimismo, se ha conseguido una «notable granularidad en la distribución», ya que a la mayoría de las 65 cuentas que fueron adjudicatarias se les asignó un importe inferior a diez millones de euros.

Además, se trata de órdenes de inversores de alta calidad, entre los que predominan las suscripciones realizadas por fondos de inversión que aglutinan el 50 por ciento del total, seguido de bancos, que concentran el 42, y el restante ocho por ciento corresponde a fondos de pensiones y compañías aseguradoras.

Otro aspecto a subrayar es el importante flujo de demanda procedente del exterior, lo que ha determinado que el 81 por ciento de los bonos emitidos quede en manos de inversores internacionales. Destacan, desde un punto de vista geográfico, Alemania y Austria, que absorben el 40 por ciento del total, Francia un 12 e Italia un diez por ciento.