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La batalla judicial del Pazo de Meirás

E.López (EFE)
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El Supremo aún tiene que pronunciarse sobre si admite a trámite los recursos de los Franco, un proceso que puede alargarse año y medio

El inmueble señorial fue residencia de la escritora Emilia Pardo Bazán antes de pasar a posesión de Franco. - Foto: EFE

Hace ahora un año que el Pazo de Meirás acogía la entrega al Estado de la enorme llave que simbolizaba su propiedad y en estos 12 meses ha protagonizado un viacrucis judicial, que todavía no ha finalizado y se espera muy largo, al tiempo que ha sido erigido como bien público en «triunfo» y «símbolo de la normalidad democrática española».

«Dimos un gran paso, un paso histórico pero también hay que ser consecuentes y saber que queda una batalla muy larga por delante y muchas cuestiones por resolver», asegura el alcalde de Sada, Benito Portela, en el mismo lugar que hace un año se oficializaba la propiedad pública del inmueble, ubicado en esta localidad coruñesa.

«El origen de la titularidad de ese pazo va a ser siempre objeto de discordia», auguraba en 2017 el presidente de la Diputación de La Coruña, Valentín González Formoso, que recuerda haber encargado los primeros informes que avalaban esta propiedad pública y crear la Junta Pro Devolución del Pazo para impulsar su recuperación.

Aunque un año después se anunció la venta del pazo en un portal de internet y al siguiente, en 2019, los Franco denunciaron a varios historiadores por calumnias, la Abogacía del Estado contraatacó con una denuncia a los herederos del dictador por «posesión irregular» del inmueble: sostenía que su compra por el dictador en 1941 fue «simulada» y «fraudulenta».

El año 2020 comenzaba con la audiencia previa al juicio sobre la propiedad que desestimó las alegaciones de los abogados de la familia Franco acerca de que habían poseído como dueños de «buena fe»; seis meses después, la juez los acabó condenando a devolver el pazo por considerar que fue un regalo al jefe del Estado y no a Franco a título personal.

Tras los recursos de ambas partes, y después de que la Audiencia Provincial reconociese que hay que indemnizar a los herederos del dictador por los gastos de conservación, Galicia fía ahora al Supremo que confirme esta ejecución para la posterior liquidación del estado posesorio. «Seguiremos en esta lucha hasta que la sentencia sea firme y el pazo sea público de forma definitiva, es de justicia, de momento estamos esperando a que se abra el proceso», subraya Portela, animado a seguir «la lucha».

Los recursos entraron en el Supremo el pasado 25 de marzo y el asunto lo tiene la Sala de lo Civil, pero aun no se ha admitido a trámite; el tiempo medio para resolver sobre su admisión o no en esta sala es de año y medio y, de admitirse, el caso se resolvería en un plazo de dos a tres meses, según informan fuentes jurídicas.

Los bienes

Además y tras dos aplazamientos, se ha fijado para dentro de un mes la vista que determinará qué bienes muebles forman parte del pazo, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2008. «Hay que pelear por que el conjunto histórico sea declarado BIC, no es nada sin parte de los muebles que dotan de importancia y relevancia a su coyuntura histórica en su conjunto», demanda el alcalde de Sada.

Portela reclama que los elementos interiores del pazo, salvo los comprados tras la muerte del dictador, deben tener también la consideración BIC «porque tienen un interés patrimonial histórico fundamental» y por ello pide que se modifique el decreto del 2008 para que esta protección que afecta al pazo incluya a los muebles.

Son BIC, asimismo, la biblioteca de Pardo Bazán ubicada en su interior y las estatuas de Mestre Mateo de Abraham e Isaac, que permanecen en la capilla y también están en litigio. Como lo está, a su vez, la jefa de Conservación de Patrimonio Nacional, Pilar Benito, investigada por un informe sobre los bienes.

«No vamos a permitir que se retire nada del inmueble», avisaron el pasado julio, con la reapertura del pazo al público, los autodenominados 19 de Meirás, encausados tras una ocupación simbólica del lugar en 2017 y cuya causa fue archivada por un juzgado de Betanzos y actualmente está recurrida por los Franco.

La Casa Cornide, propiedad de los Franco y situada en la Ciudad Vieja de La Coruña, será reclamada por el Ayuntamiento próximamente tras solicitar su declaración como Bien de Interés Cultural.

Muchas más visitas

Precisamente, las visitas a este inmueble, por el momento a los jardines, capilla y entrada, se han multiplicado hasta por siete con respecto a las gestionadas por la Fundación Franco, según señala el alcalde de Sada, ayuntamiento encargado de gestionarlas.

Calcula en al menos 5.000 las entradas desde el pasado julio, pese a las limitaciones sanitarias por la COVID. En todo caso, detalla que de un máximo de 45 personas a la semana de antes, se ha pasado a 300 en la actualidad.

«Importa la cantidad pero también el relato que se ofrece en esas visitas, no tiene nada que ver, es más completo y riguroso con la historia», aclara en referencia a que los anteriores ensalzaban la figura del dictador.

Sin embargo, el abogado de los herederos del dictador indica que resulta «curioso que la Xunta no haya abierto aún expediente al Estado por incumplir sistemáticamente las obligaciones de visita pública que tan celosamente exigía a la familia Franco a la que abrió diversos expedientes sancionadores, algunos sin justificación alguna».

Respecto a los posibles usos futuros, será una comisión de expertos la que determine su utilización, aunque el Gobierno ya ha apuntado que el pazo debe ser  «un referente en memoria democrática a escala nacional e incluso internacional». Pero también fue residencia, antes de Franco, de la escritora Emilia Pardo Bazán, su propietaria originaria.

Por eso, la Xunta ha elaborado unas bases para este plan de usos del pazo que contemplan un proyecto museológico, un centro de creación cultural, así como de emprendimiento e investigación para el fomento de la igualdad, y un jardín de la libertad destinado a la memoria a modo de recuerdo y reparación de los represaliados por el franquismo.

«Lo que entonces parecía imposible es hoy una realidad gracias al compromiso absoluto del Gobierno en el ámbito de la memoria democrática», subraya el presidente de la Diputación coruñesa.

Para la alcaldesa de la ciudad atlántica, Inés Rey, esta recuperación es un «triunfo de la democracia, un triunfo de la memoria, un símbolo de la normalidad democrática que tiene que haber en cualquier país europeo que se preció», concluye.