El Gobierno planea dar competencias «a las comunidades autónomas y/o los ayuntamientos» para que puedan poner techo a las «subidas abusivas» de precios que detecten en ciertas zonas. Y en el caso de Segovia, la alcaldesa, Clara Luquero, apunta directamente al casco histórico de la ciudad, consciente, «cómo no», de que allí podrían darse las circunstancias para intervenir. «Para los ayuntamientos sería interesante actuar siempre y cuando se nos dote legalmente de los instrumentos jurídicos necesarios para ello», advierte.

El Ministerio de Fomento trabaja en la elaboración de un sistema de referencia de precios de alquiler que podría desarrollarse a escala autonómica o local. De esta manera, los ayuntamientos dispondrían de una base objetiva para avalar la hipotética declaración de una parte de la ciudad como «zona urbana de mercado tensionado», en el caso de que «se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler (...) que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable». Y una vez realizada esa declaración, se podría poner techo a lo que pidieran los arrendadores.

En el caso del casco histórico de Segovia, los precios se han disparado hasta llegar a rentas que multiplican por cuatro, cinco o incluso más lo que se paga fuera del centro. Por un lado está la proliferación de pisos turísticos que pueden generar en pocos días lo que se factura en un mes a un residente habitual; por otro, los alquileres a estudiantes que pagan por una habitación lo que una familia media por un piso completo, de ahí que se lleguen a ver anuncios de pisos incluso por encima de los 2.500 euros al mes. 

Y ahora, de fondo, una apuesta del Estado por intervenir en el mercado que también valora el Ayuntamiento, aunque se trata de una medida que, si efectivamente se activa desde Madrid, llevará su tiempo desarrollarla y adaptarla.

El control de precios en el mercado del alquiler es una de las medidas incluidas en el acuerdo de gobierno PSOE-Unidas Podemos que puede repercutir de manera directa sobre Segovia, junto con las que contemplan el traslado de sedes de instituciones u organismos estatales fuera de Madrid o la creación de oficinas contra la despoblación en comarcas donde sufren este problema.

De todo ello ya informaba El Día en su edición de papel publicada el pasado 10 de enero, jornada en la que el grupo municipal de Podemos-Equo en el Ayuntamiento de Segovia, a través de un comunicado remitido a última hora de la mañana, manifestó también su apoyo a esta posibilidad de poner techo a los alquileres.