El presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, Ignacio Pando, reconoce que la sala de vistas de los juzgados de la calle Fernán García no se encuentra insonorizada y que incluso cuenta con una puerta que comunica directamente con el despacho de la jueza protagonista de esta historia. Sin embargo, ha considerado que esas circunstancias ni tampoco que haya podido escuchar diferentes puntos del juicio de un caso relacionado le impiden investigar un procedimiento que se le había asignado y en el que había solicitado abstenerse. Las deficiencias de las sedes judiciales de Segovia saltan a la vista y son subrayadas anualmente por el propio presidente de la Audiencia Provincial en la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, pero en este caso no justifican –de acuerdo a la resolución a la que ha tenido acceso esta redacción– las pretensiones de la jueza Beatriz Rico Maroto.

El origen del conflicto se remonta al 25 de septiembre del año pasado. Ese día el guardia civil vallisoletano Mario D. presentó una denuncia contra dos compañeros con los que compartió destino en el Puesto de Cuéllar por supuestos delitos de denuncia falsa, simulación de delito y falso testimonio en causa criminal.  Dos días después, al recibirla, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Segovia se inhibió en favor de su colega de Cuéllar, que sin embargo rechazó el caso y se lo devolvió. Hasta que el 23 de julio la jueza Rico Maroto pidió –en este caso a la Audiencia Provincial– abstenerse por estar contaminada, tal y como informa Europa Press.

Esta última argumentación la basa en que el procedimiento que ahora debería investigar nace de otro que ya dirimió el Juzgado de lo Penal –con el que comparte sede en la calle Fernán García– y cuya vista oral asegura que escuchó desde su despacho. Mario D. se sentó en el banquillo de los acusados por un supuesto homicidio en grado de tentativa después de que dos compañeros de la Guardia Civil de Cuéllar le denunciaran por desobeder la orden de alta que le dieron durante un control en la carretera y uno de ellos se tuviera que apartar para evitar ser arrollado.

El juicio por estos hechos, en los que las acusaciones pública y particular solicitaron hasta cuatro años de cárcel para el agente vallisoletano, concluyó en sentencia absolutoria, pues a pesar de reconocerse que no hizo caso de la indicación de su compañero de puesto, que se hallaba en acto de servicio, «derivado de la mala relación existente entre ambos, no ha quedado probado en modo alguno que le intentara arrollar». A raíz del fallo, en el que el magistrado afeó la conducta de los otros dos agentes, Mario D. les denunció por posible denuncia falsa, simulación de delito y falso testimonio. El caso cayó en manos de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6, que lo ha rechazado alegando que la sala de vistas en la que se celebró el juicio oral es «contigua al despacho de esta juzgadora, desde el que se oye todo lo que ocurre en la misma».

En opinión del presidente de la Audiencia Provincial, no concurren las causas necesarias para aceptar su voluntad. «No participó en ese juicio y que escuchara algo  no le impide investigar», argumenta Pando, que no obstante admite los problemas de falta de espacio que arrastran en las sedes judiciales. En este sentido, además, el Juzgado número 6 y el Juzgado de lo Penal son los únicos en los que los despachos de sus titulares se encuentran contiguos a la sala de vistas que utilizan los dos indistintamente. Una circunstancia que, según Pando, no contituye  motivo suficiente para que la jueza Rico Maroto se pueda abstener en este caso. «Aquí todos estamos acostumbrados a escuchar el runrún del despacho de al lado, pero lo normal es no saber lo que tratan otros juzgados», concluye.