La Audiencia Provincial de Segovia juzgará entre el martes y el jueves de esta próxima semana a las 12 personas que fueron detenidas en junio de 2019 en una espectacular operación policial contra el tráfico de drogas que incluyó registros en viviendas de los barrios de San Millán, San José, Nueva Segovia y el Cristo del Mercado. Un dispositivo que permitió, además, el esclarecimiento de un crimen cometido en Miranda de Ebro (Burgos).
Los presuntos integrantes de esta organización están acusados de un delito de tráfico de drogas con la agravante de notoria importancia y otro delito de pertenencia a grupo criminal. La Fiscalía pide para ellos penas que oscilan entre los cuatro y nueve años de cárcel, tal y como han confirmado a esta redacción fuentes judiciales
Sin embargo, el caso se ha visto seriamente comprometido después de que, en un auto emitido el pasado 21 de enero, la Audiencia Provincial haya declarado nulas las escuchas llevadas a cabo durante la investigación, que también se desarrolló en Madrid y Miranda. Según informa ‘Diario de Burgos’, las defensas de los detenidos han esgrimido que existe una posible vulneración de derechos fundamentales de los acusados en relación con el secreto a las comunicaciones, y que por lo tanto, para que se cumplan todas las garantías procesales, no se deben tener en consideración las pruebas logradas de forma ilícita. Para los letrados, las escuchas telefónicas que llevaron a las detenciones no se ajustan a la legalidad ya que no existían «indicios racionales de criminalidad» para llevarlas a cabo. Además se instalaron dispositivos electrónicos de grabación en los coches de algunos de los acusados que no estaban debidamente autorizados, y el análisis del disco duro en el que están dichas grabaciones, también admite dudas.
Por eso consideran que todo el procedimiento está viciado y reclaman su nulidad. «Es importante que se respeten ciertas garantías porque si permitimos que se vulneren derechos fundamentales estamos cruzando una línea muy peligrosa en el Derecho, porque no todo vale. En este caso, al conocimiento de los hechos creemos que se ha llegado mediante escuchas ilegales», aseguran desde el bufete Vox Legis, encargado de la defensa de David D. J., que tiene pendientes dos juicios. Este por un supuesto delito contra la salud pública y otro por asesinato con alevosía.
El 6 de mayo de 2019 un escayolista llamado Fernando Martín fue hallado muerto en el río Ebro tras nueve días desaparecido. Estaba maniatado, había sido disparado con un arma de fuego y llevaba pesos para que se hundiera en el agua. La presunta autoría del asesinato fue descubierta gracias a una investigación que estaba llevando a cabo de forma paralela la Guardia Civil de Segovia para desarticular la banda dedicada al tráfico de drogas que se va a sentar ahora en el banquillo de la Audiencia.
Un miembro de la organización fue detenido en el Aeropuerto de Barajas cuando regresaba de Colombia con 11,370 kilos de cocaína de extrema pureza ocultos en dobles fondos de maletas. Días más tarde se interceptó a otro con un kilo en una maleta y, el 25 de junio, se desencadenó todo el dispositivo policial que concluyó con la detención de 16 personas entre Leganés (Madrid) y Segovia. Entre ellas estaba el hombre que en 2014 fue condenado por el robo de las coronas de la Virgen de la Fuencisla. La operación fue bautizada como ‘Resurgir’ como reconocimiento al sargento jefe de la Unidad Antidroga de la Guardia Civil de Segovia, pero ahora pende de un hilo.