Sanidad, Educación y Familia se alían para identificar la ideación y las tentativas de suicidio para «mitigar» los factores de riesgo y «fortalecer» los factores protectores. Y es que el objetivo último, tal y como marca la Organización Mundial de la Salud (OMS), es disminuir «al máximo» la incidencia y prevalencia del suicidio, garantizando una atención adecuada de la persona y sus allegados, mediante el abordaje integral del proceso de prevención, atención y seguimiento de la conducta suicida. Castilla y León registró el año pasado un total de 228 suicidios (177 varones y 51 mujeres), diez más que en 2019, lo que supone un aumento del 4,5 por ciento. Las tasas de suicidios ajustadas por edad son ligeramente superiores en Castilla y León que en España, 6,79 por 100.000 habitantes frente a 6,38.
Ante estos datos, la Junta presentó ayer en Valladolid -con la presencia de las tres consejeras, Verónica Casado, Rocío Lucas e Isabel Blanco- la Estrategia de Prevención de la Conducta Suicida en Castilla y León hasta el año 2025, en una actuación conjunta que ha establecido cinco grandes líneas de trabajo y 71 medidas concretas, entre las que se incluyen las que inciden en la formación para capacitar, sobre todo, a los profesionales sanitarios, educativos y sociales en la detección, atención y seguimiento de las personas en riesgo de suicidio.
La consejera de Sanidad hizo hincapié en la prevención, tal y como ha demostrado la evidencia, por lo que es importante disponer de estrategias integrales de carácter intersectorial que permitan actuar sobre todos esos factores. «Una sola vida perdida por suicidio ya es demasiado. El camino a seguir consiste en actuar juntos, y el momento de actuar es ahora», aseguró.
Casado resaltó, según recogió la Agencia Ical, que el indicador de mayor riesgo para un futuro suicidio es el de intento o intentos previos. No en vano, se estima que durante los seis primeros meses e incluso durante el primer año después del intento, el riesgo aumenta entre 20 y 30 veces.
La primera de las líneas estratégicas es la de prevención universal y se dirige a toda la población. Casado reconoció que no hay una explicación única de por qué se suicidan las personas, aunque se sabe que este comportamiento indica una infelicidad profunda. De ahí que los factores sociales, psicológicos o culturales pueden interactuar para conducir a una persona a un comportamiento suicida. En el mismo sentido, se pronunció la titular de Familia e Igualdad de Oportunidades, al señalar que muchos de los factores de riesgo de conductas suicidas están presentes en personas en situación de vulnerabilidad, atendidas por el sistema de Servicios Sociales, como personas dependientes, con discapacidad, menores que viven en hogares vulnerables o sufren casos de violencia, individuos que viven solos, con problemas de salud mental o consumidores de alcohol y drogas, entre otros.
Isabel Blanco se detuvo en la intervención de los menores tras ofrecer el dato de que la detección de pensamientos frecuentes de ideas suicidas entre internados en el Centro de Zambrana, en Valladolid, que han pasado de los 24 registrados el año pasado a los 31 en lo que va de 2021.
Finalmente, Rocío Lucas subrayó que la Consejería de Educación es consciente que la problemática también incide directamente en el ámbito educativo, y que, por tanto, hay que estar en condiciones de dar respuesta también desde los propios centros. Es por ello que apostó por un plan integral que abarcarán desde la formación para toda la comunidad hasta otras muchas actuaciones preventivas.