A medias se va a quedar al término de este mandato la creación o modificación de las ordenanzas de protección del Acueducto y su entorno, paisaje urbano, alcohol, publicidad exterior, vertidos, terrazas, circulación, cementerios, mercados al aire libre… Cada una tiene su historia, pero todas se han visto afectadas en mayor o menor medida por un atasco a nivel técnico o administrativo que también se extiende a la tramitación de concursos para la renovación de contratas como las de la ORA, la grúa, el alumbrado público, los grandes carteles publicitarios o el bus turístico.Y en casi todos los casos ha afectado la nueva ley de contratos, que entró en vigor en marzo de 2018 y ha elevado la burocracia que debe asumir una plantilla que no va sobrada de efectivos? 

Quien quiera ver la botella medio llena, puede valorar que el nuevo equipo de Gobierno que salga de las elecciones del 26 de mayo se encontrará con mucho trabajo oscuro ya realizado en estas materias. Pero también el retraso puede ser mayor si un cambio de partido al frente del Ayuntamiento lleva a revisar y modificar textos que, en teoría, ya se dan por definidos en lo esencial.

De todas las normativas pendientes, la que más ha dado que hablar es la de protección del Acueducto. Empezó a tramitarse en junio de 2017 con la convocatoria de la preceptiva consulta pública previa y, ya por entonces, la Concejalía de Patrimonio Histórico contaba con un borrador básico que esperaba haber completado, definido y consensuado en el siguiente ejercicio. De hecho, los grupos de la oposición recibieron en mayo de 2018 un avance de su texto, que contempla decenas de comportamientos tipificados como infracciones leves (hasta 750 euros), graves (de 750,01 a 1.500) y muy graves (de 1.500,01 a 3.000). Entre las leves está tirar un papel en el entorno del monumento, por ejemplo; entre las graves, introducirlos entre sus juntas o incluso apoyar una bici; y entre las muy graves, subirse al Acueducto o permitir que los perros orinen sobre los sillares. 

Patrimonio Histórico remitió la propuesta de ordenanza a la Secretaría General el verano pasado con idea de aprobarla poco después, pero el texto fue devuelto a la Concejalía para llevar a cabo ajustes que evitaran disonancias entre esta y otras normativas vigentes, como las de circulación o convivencia ciudadana. Posteriormente se barajó llevar la ordenanza al pleno de diciembre para su aprobación inicial, pero de nuevo fue devuelta a la Concejalía, que entonces apuntó que aún así confiaba en que pudiera entrar en vigor a mediados de 2019, dado que se trataba, otra vez, «de ajustes de forma, no de fondo». Pero ahí se ha quedado el texto, a la espera de un trámite de aprobación inicial para el que la concejala de Patrimonio Histórico,Claudia de Santos, ya no se atreve a poner fecha:«Nunca más», recalca. ¿Qué ha pasado? «Pues que falta personal y hay mucho trabajo», responde, preguntada por El Día.¿Y en qué área está el atasco? «En varias, sería injusto señalar una», justifica.

¿Y más allá del ámbito político, en el sindical, se percibe ese exceso de trabajo administrativo y la falta de personal como los problemas que han podido demorar esta y otras tramitaciones? «Sin duda», destaca el secretario provincial de la Federación de Servicios Público de UGT, Miguel Ángel Mateo.«La falta de plantilla está fundamentalmente en las áreas de Patrimonio y Contratación (Concejalía de Personal), y más tras la entrada en vigor de la nueva ley de contratos (marzo de 2018), que coincidió con la tramitación de grandes contratos como los de transporte público y limpieza». Mateo apunta que el personal se tuvo que formar para adaptarse a los nuevos criterios y eso ralentizó mucho el trabajo entre marzo y septiembre del año pasado. «En nuestra opinión, el Ayuntamiento debería aumentar la plantilla de forma prioritaria en esas secciones, pero no son las únicas que lo necesitarían», añade especialmente en referencia a la Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación:«El Ayuntamiento tiene ahí un equipo muy joven que le echa muchas ganas, son grandes profesionales que están trabajando muy bien, pero se da la paradoja de que cuanto más y mejor trabajan, más trabajo generan». Por ejemplo, por su labor mediadora en contrataciones de empresas (Eroski y Drylock, entre otras) o por la búsqueda de subvenciones para impulsar nuevos programas.

Volviendo al tema de la falta de efectivos en las áreas por donde pasan las tramitaciones de todos los concursos y normativas, Juan Manuel Yago Palomares, portavoz de UGT en la junta de personal, advierte que el Ayuntamiento «tiene creadas dos plazas de vicesecretario y viceinterventor desde hace mucho tiempo, desde años antes de que se fuera Pedro Arahuetes, y siguen sin cubrirse».«Perfectamente puede estar afectando esto, porque tanto el interventor como la secretaria tienen tanto trabajo que no dan abasto y eso puede estar colapsando todo».

La concejala de Personal, Marisa Delgado, por su parte, incide en apuntar que «el retraso de ordenanzas y concursos lo produce que hay departamentos que tienen mucho trabajo y no disponen de suficiente personal técnico para llevarlo a cabo». Matiza que al Ayuntamiento no le pilló desprevenido la nueva ley de contratos en la medida en que en marzo de 2018, cuando entró en vigor, el procedimiento electrónico necesario para los trámites ya estaba listo.Pero «lo complicado», según admite, «ha sido que cada área o departamento debía adaptarse a la nueva ley, y a pesar del asesoramiento de la sección de Contratación, es un proceso complejo y muy riguroso que ha supuesto un gran trabajo de todo el personal». 

En una línea parecida responde el portavoz del Grupo Socialista, Jesús García Zamora: «Es verdad que hay determinadas plazas que no se han cubierto, aunque no podemos olvidar que somos una ciudad magnífica, preciosa, pero pequeña y con recursos limitados», opina. «Nuestra capacidad recaudatoria está limitada además, por ejemplo, por las exenciones de tributos que hay en las ciudades Patrimonio», caso del IBI que no pagan los titulares de inmuebles protegidos.«Y ya estamos dedicando a personal en torno al 36% de nuestros gastos, así que con esto creemos que debemos intentar buscar cierto equilibrio, aparte de que luego los plazos administrativos son los que son hasta para temas que no generan debate político», continúa.«Hasta para entregar una distinción en la que todos los grupos estemos de acuerdo pasan perfectamente seis meses desde que se decide hasta que se otorga realmente». Y en cuanto a la ley de contratos,«la patronal de contratistas ya se quejaba el año pasado de que esto nos paralizaría, no al Ayuntamiento de Segovia en concreto, sino a todas las administraciones. Esto nos burocratiza en exceso, habría que encontrar también un equilibrio entre el control que hace falta para evitar desmanes en la gestión de los recursos y la necesidad de agilizar las tomas de decisiones», advierte.

Entretanto, la concejala de Obras, Infraestructuras y Servicios, Paloma Maroto, admite que siente «sobre todo» no haber podido llevar a aprobación inicial la ordenanza de vertidos. Ese trámite supone en toda normativa afrontar una fase final de cinco o seis meses para la apertura del periodo de alegaciones y posterior resolución, aprobación definitiva, publicación en boletín o boletines y entrada en vigor. «Me habría gustado dejar lanzada al menos esa porque además todos los grupos estamos de acuerdo con que hace falta, pero no ha podido ser», lamenta. 

Del área de Maroto es también la ordenanza de terrazas. Los hosteleros han sido críticos con cuestiones como que la futura norma obligue a los establecimientos a guardar el mobiliario en sus locales por la noche y la concejala reconoce que ya se había «hecho a la idea» de que esa norma se quedaría a medias.«Hay decisiones que hemos considerado que, a estas alturas, es mejor que las tome el equipo que salga de las próximas elecciones, y así de paso que nadie pueda pensar que hemos querido meter nada a última hora». 

Y así pasará por tanto con unas cuantas normativas y concursos.Mucha tarea administrativa pendiente para los técnicos, y también política para quienes integren la próxima Corporación municipal.

Principales ordenanzas pendientes de tramitación

Protección del Acueducto. Pasó por consulta pública previa en el verano de 2017 y, después de que la Concejalía de Patrimonio Histórico presentara el borrador a los grupos municipales y se lo trasladara a SecretaríaGeneral para su revisión, se le ha devuelto al menos en dos ocasiones para más ajustes, cuando ya se contaba con llevarla a pleno para aprobación inicial tanto el verano pasado como a finales de 2018. 

Paisaje urbano. Regulará la estética del espacio público de toda la ciudad. Se sometió a consulta pública previa también en el verano de 2017, pero ya el año pasado se dejó de lado para dar prioridad a la ordenanza del Acueducto.

Terrazas hosteleras. Regulará más el mobiliario hostelero, lo que se puede poner y lo que no, aparte de fijar restricciones que critica el sector, como la obligatoriedad de recoger todo el mobiliario dentro del local por las noches. Aunque su texto estaba prácticamente terminado y listo para su aprobación inicial, se ha dejado en stand by para que las últimas decisiones las tome el siguiente equipo de Gobierno.

Vertidos y alcantarillado. Salió a consulta pública previa a finales de 2018 y la Concejalía esperaba «lanzarla» esta primavera, con aprobación inicial cursada para fase de alegaciones y entrada en vigor en torno al verano, ya que se presuponía además cierto consenso con la oposición. Sin embargo, se va a quedar a la espera de que se resuelva la revisión administrativa previa a su paso por pleno. Segovia no tiene normativa municipal específica de control de vertidos y esta incluirá la obligación de los hosteleros de instalar separadores de grasas y aceites en sus cocinas.

Cementerios municipales. Regulará el cementerio municipal y los de los barrios incorporados y se prevé revisar la concesión de más de 11.000 nichos que están caducados, cuestión que añade complejidad a un proceso del que se viene hablando desde el inicio del mandato, pero va a acabarlo sin llegar a pasar por pleno.

Bebidas alcohólicas. Actualizará la normativa de suministro, venta y consumo de alcohol, simplificando aspectos y detallando más los supuestos de infracciones. Se baraja recuperar la ampliación de la distancia mínima entre bares a 25 metros, pero, entretanto, el concejal Andres Torquemada precisa que se preparan cambios normativos a nivel autonómico que han llevado a ralentizar la ordenanza local.

Mercados al aire libre. Detallará más los tipos de actividad admisibles y las condiciones de cada mercado. Se incluyó en el plan normativo de 2018 para realizarla en ese año, pero aún se sigue hablando de ello con los colectivos afectados.

Circulación. Incluirá disposiciones reguladoras de rango superior al municipal, caso de los patinetes eléctricos, y actualizará la relación de plazas de aparcamiento de pago, con menos de rotación dentro del casco histórico y más fuera. También se perfila clave para el desarrollo de las restricciones del tráfico en el centro, pero no ha habido más avances que trabajo interno y palabras.

Publicidad exterior. La alcaldesa, Clara Luquero, anunció en mayo de 2018 que Segovia sería la primera ciudad española en eliminar por ordenanza la publicidad sexista. Se prevé incluir un capítulo sobre esto en la renovación de la ordenanza de publicidad exterior, que es de 1993 y está por ello obsoleta. Sin embargo, sólo ha habido avances internos en la redacción del borrador.

Principales concursos pendientes de tramitación

Limpieza y retirada de residuos. La nueva ley de contratos demoró la salida a concurso de esta contrata, que se espera adjudicar en la recta final de este año.La actual está prorrogada desde abril de 2018.

Alumbrado público. Ha pasado todo el mandato pendiente de que se adaptara el pliego de condiciones para sacar a concurso la renovación del alumbrado de toda la ciudad, incluyendo el artístico de más de una veintena de monumentos. El texto está hecho, pero sigue sin licitarse.

Carteles publicitarios. La contrata de gestión de este tipo de publicidad caducó en febrero de 2018 y aún no ha salido a concurso, de ahí el aspecto de abandono de los grandes carteles tradicionales, manipulados para hacerlos ilegibles.

Grúa y ORA. La contrata de la ORA no sale a concurso desde hace más de 15 años y la de la grúa también está prorrogada, y aunque se viene hablando de ello desde hace años, los dos procesos siguen pendientes.

Transporte turístico. Segovia no tiene bus turístico desde octubre de 2016 y el concurso no se ha convocado todavía.