El uso de veneno continúa siendo el principal enemigo de las rapaces amenazadas que anidan en Castilla y León. A pesar de ser una práctica prohibida desde 1982, de constituir un delito tipificado en el Código Penal con hasta dos años de cárcel y de figurar como infracción muy grave en la Ley de Caza regional, con sanciones económicas de hasta los 60.000 euros e inhabilitación para el desarrollo de actividades cinegéticas de hasta cinco años, su uso sigue siendo una constante en la Comunidad.

Solo en los últimos doce meses, según datos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente facilitados a Ical, han aparecido en la Comunidad más de 70 aves muertas por envenenamiento, de las que casi la mitad son milanos -20 reales y 12 negros-. Dentro de las rapaces, también se encontraron siete aguiluchos laguneros muertos, un águila real, un busardo ratonero y un alimoche. La lista de animales envenenados se completa con quince buitres leonados, cuatro cigüeñas blancas, tres cuervos, dos zorros y un corzo.

Todos estos animales han aparecido en los términos de Villafrades de Campos, Villavaquerín y Quintanilla del Molar (Valladolid); Vega de Villalobos y Fuentes de Ropel (Zamora); Cardeñosa de Volpejera y Micieces de Ojeda (Palencia); Golmayo y Soria (Soria), Pinarejos (Segovia), La Velles (Salamanca).

El jefe del Servicio de Caza y Pesca de la Junta, Ignacio de la Fuente, reconoce que, «desgraciadamente», el número de aves envenenadas en la Comunidad se mantiene estable en los últimos años, a pesar de las campañas de información y concienciación realizadas. Además, también destacó que detrás de la mayoría de los casos se encuentra el aldicarb y el carbofurano, dos insecticidas cuya comercialización lleva años prohibida años en la Unión Europea y que contienen sustancias altamente tóxicas para aves y mamíferos.

Desde que en el año 2001 la Junta de Castilla y León estableciera medidas cautelares para luchar contra el uso de cebos envenenados, más de una treintena de cotos de caza ha sido clausurados temporalmente en la Comunidad tras la aparición de animales muertos por esta causa. No obstante, De la Fuente asegura que no se trata de una medida sancionadora contra los titulares del coto, ya que en la mayoría de los casos nada tienen que ver con esta delictiva práctica, y lo único que busca es restaurar el equilibrio ecológico en la zona.

A su vez, también indica que detrás del uso de venenos no hay un único culpable, ya que además de envidias entre cazadores de distintos cotos, también hay ganaderos, especialmente avicultores, que recurren a estas prácticas prohibidas.

Endurecer las penas

Desde la Federación de Caza de Castilla y León, su presidente, Santiago Iturmendi, reclamó un endurecimiento de las penas para los condenados por la utilización de cebos envenenados, «ya que estamos ante un auténtico atentado medioambiental». Además, indicó que también es necesario prohibir la venta de ciertos productos, «dado que la mayor parte de las sustancias encontradas en los cadáveres de los animales envenenados se puede adquirir en establecimientos de productos fitosanitarios».

A su vez, Iturmendi hizo hincapié que desde la Federación se defiende la tolerancia cero contra el veneno, a la vez que criticó que el cierre de cotos, ya que se trata de una medida «ineficaz» para recuperar la fauna y lo único que consigue es beneficiar a los cotos vecinos. También apuntó que aunque detrás de alguno de los casos pueda haber cazadores, dado que en todos los colectivos siempre hay «indeseables», la Federación ha colaborado con asociaciones naturalistas en campañas de concienciación.