Las dos hijas de Raúl Andrés Antón estudian en las Concepcionistas. Él, de niño, había ido (felizmente) a la escuela pública, pero creyó que el colegio de la plaza Conde Cheste ofrecía el entorno perfecto para que sus pequeñas creciesen y se formasen personal e intelectualmente. Cada trimestre que dura el curso, eso sí, salen de su cuenta 150 euros (75 euros por cada niña) que después su mujer y él se desgravan en la Declaración de la Renta como donación. Una práctica que se encuentra extendida en la mayoría de los centros concertados de España y que ahora ha pasado a estar bajo la lupa de la Agencia Tributaria, que ha detectado casos en los que el supuesto donativo no tiene carácter voluntario sino que financia una actividad ordinaria del colegio que repercute en el alumno. Aunque el Ministerio de Hacienda se ha apresurado a aclarar que no existe una campaña general de inspección y que simplemente realiza controles puntuales desde hace tiempo en distintos puntos del territorio, la preocupación ha calado entre la comunidad educativa de los colegios concertados y ha abierto el debate acerca de cómo se financian.
En Segovia, de los cuatro centros de este tipo que hay –que agrupan a más de 3.300 alumnos–, sólo uno no cuenta con estas aportaciones voluntarias o donaciones que realizan las familias. Aunque su codirector, Óscar Muñoz, admite que se han planteado en más de una ocasión introducir esta figura, la Cooperativa Alcázar carece de cualquier ayuda extra al margen de las que le proporciona la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León como al resto de colegios concertados. «Nosotros no vivimos, sobrevivimos», asegura Muñoz. «A El Peñascal le han puesto un pabellón, a nosotros no se nos ayuda a mejorar y con lo que nos dan, no nos llega. Por eso, estoy a favor de que se cobre algo a las familias en beneficio de todos, aunque es algo que genera controversia porque en otras ciudades se aprovecha para sangrarlas y eso es lo que no nos parece bien».
Entre los centros concertados segovianos, sólo los Maristas reconocen la existencia de una aportación estándar por parte de los alumnos. «Aunque hay algunos que dan más y otros que no lo pagan», aclara su director, José Luis Marijuán. En la práctica lo pagan la amplia mayoría y son 380 euros al año, que multiplicados por los más de 700 alumnos que tienen, revelan unos ingresos adicionales de unos 266.000 euros. «Van destinados a la institución marista y, en concreto, a la ‘Provincia Compostela’, que es de la que formamos parte nosotros, Asturias, Galicia, Portugal y Honduras», explica Marijúan, principal cara visible en Segovia de esta congregación religiosa católica con presencia en todo el mundo.
No termina de aclarar los efectos que tendría la supresión de estas donaciones sobre la actividad del colegio («Lo podríamos asumir en la medida que también lo pudiera hacer la institución»), pero desvela que se han puesto en contacto con las familias para transmitir un mensaje de tranquilidad. El mismo que envía el director del Claret, Juan José Raya, que defiende que «el 99,9 por ciento de los centros concertados nos atenemos a la ley». «No se ha modificado ninguna normativa, pero es normal que Hacienda realice controles porque la transparencia es fundamental. En nuestro caso, el dinero no viene al colegio sino a los Misioneros Claretianos, que lo destinan a los fines que están marcados en la ley, como por ejemplo proyectos de cooperación».
Aunque asegura que el importe de las donaciones varía, esta redacción ha podido saber que la aportación ‘tipo’ en el Claret es 16,20 euros al mes. Si la familia matricula más miembros, la cantidad se reduce progresivamente. «Informamos que es voluntario y no todas lo dan, aunque en nuestro caso el porcentaje que sí es alto», añade el propio Raya.
Por su parte, el colegio Concepcionistas se remite al comunicado hecho público por Escuelas Católicas, una organización que agrupa a más de 2.800 colegios religiosos, y ni siquiera informa del número de alumnos que tiene el centro, 716 el año pasado. Los 75 euros trimestrales que entregan las familias están justificados, en opinión de Raúl Andrés Antón, padre de dos alumnas, «si no queremos que nos pueda pasar como a las Jesuitinas, que al final tuvieron que cerrar».
Para él, el problema no es tanto que quizás ya no se vaya a poder desgravar este gasto en el IRPF, sino que la Agencia Tributaria le reclame lo deducido durante los últimos cuatro años. Una posibilidad que está encima de la mesa, según remarca el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Segovia, José Luis Benito, que no obstante considera que si Hacienda emprendiese una campaña contra las donaciones a los colegios concertados «no tendría recorrido». «No es la primera vez que impone un criterio que luego es rectificado por los tribunales», destaca Benito.
El Ministerio de Hacienda ha insistido en que no se ha producido ningún cambio legal en la deducción por donativos en el IRPF, que está regulada en el artículo 68.3 de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. Sin embargo, el presidente del Colegio de Graduados Sociales subraya que «es la primera vez que nos enfrentamos a este tipo de reclamaciones». Aconseja a las familias «no hacer nada hasta que la Agencia Tributaria se ponga en contacto con ellas y, llegado el caso, deben defenderse». Él, hasta el momento, no tiene constancia de que se haya abierto ningún procedimiento de inspección en este sentido en Segovia.