Castilla y León contará con un plan «pionero» a nivel nacional orientado a afrontar todos los tipos de violencia en el seno familiar, con una especial atención a los casos filioparental, y los que afectan a mayores y personas con discapacidad, a través de un conjunto de medidas de atención, prevención, detección, sensibilización y formación de los profesionales y de familias en riesgo. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, detalló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el contenido y las novedades del ‘Plan de prevención de la violencia en el ámbito familiar de Castilla y León 2019-2023’, que recoge un conjunto de 121 medidas y una dotación de 146,5 millones para ese periodo.
«Es un plan necesario, el primero de esas características en España», explicó García, que precisó que los planes de violencia de género y protección de la infancia están en marcha y siguen, pero añadió que «ahora se pone el acento en otro tipo de violencia, que están más ocultas» y que se sacan del seno familiar como un problema de atención social.
Este plan, como explicó la consejera, aborda desde una perspectiva integral los distintos tipos de violencia que se producen entre los distintos miembros de una familia, como de hijos a padres, en las personas mayores y en las personas con discapacidad. Su objetivo es, por un lado, concienciar y sensibilizar sobre la necesidad del buen trato en el ámbito familiar y, por otro, predecir, detectar, atender y reducir estas posibles situaciones de maltrato.
Respecto a la violencia filioparental, García se refirió al dato del número de sentencias dictadas por los juzgados de menores en Castilla y León en los que se acuerda la imposición de una medida consecuencia de una infracción por este tipo de comportamientos que ha pasado de 37 en 2007 a 85 en 2017, y representa cerca del 11 por ciento del total de sentencias con medida.
Entre las novedades, la consejera se refirió a la puesta en marcha de un servicio telefónico de información y orientación sobre violencia en el ámbito familiar; el desarrollo de un servicio de apoyo a las familias que sufren violencia; la activación de los ingresos residenciales en situaciones de prioridad social en los casos necesarios de malos tratos o de violencia de género a personas mayores y/o con discapacidad; la implementación en todas las corporaciones locales y en las gerencias territoriales de servicios sociales de programas de intervención específicos, según informa Ical.