La lucha contra la pandemia está condicionada por decisiones judiciales, la supervivencia del Gobierno podría depender de decisiones judiciales, y la indispensable ayuda de la Unión Europea a la economía española podría depender también de la respuesta que da el Ejecutivo a la renovación del órgano que regula los nombramientos judiciales. El futuro de España, en este momento, depende de decisiones de jueces y fiscales. 

El juez García Castellón ha provocado una auténtica conmoción en el Gobierno al elevar al Tribunal Supremo el escrito en el que recoge el resultado de su investigación sobre el caso Dina, con la conclusión de que el vicepresidente segundo Pablo Iglesias podría haber cometido tres delitos: revelación de secretos, daños informativos y denuncia falsa o simulación de delito. Iglesias es aforado, de ahí que García Castellón haya pasado el asunto al Supremo, que es el que tiene las competencias. El caso Dina parece menor, pero coloca en una situación complicada a Pedro Sánchez.

En primer lugar, si se lleva al Congreso el suplicatorio, sería difícil explicar que el PSOE no lo apoyara, como ha hecho hasta ahora cuando ha tenido que pronunciarse sobre suplicatorios de diputados. Segundo, si el Alto Tribunal hace suyas las tesis de García Castellón y procede a iniciar una verificación de los hechos, esa investigación equivale a la imputación de Pablo Iglesias y, necesariamente, Pedro Sánchez tendría que proceder a su cese, ya que forma parte del DNI socialista el prescindir de cualquier dirigente investigado por la Justicia. 

El PSOE ha dado de baja de militancia a destacados dirigentes de su partido, y , difícilmente el partido aceptaría un trato de favor a Pablo Iglesias que, además, no es militante. Aunque Sánchez se toma esas cosas a título de inventario sabe que se incrementaría el rechazo hacia su persona si deja de lado valores y principios que forman parte de la genética política y personal de su partido.

El futuro del Gobierno, por tanto, depende de una decisión judicial. Porque si Sánchez, finalmente, se ve obligado a prescindir de Iglesias si el Supremo considera al vicepresidente segundo como persona investigada, se rompería la coalición. 

Iglesias, por otra parte, tira piedras contra su propio tejado al arremeter contra la decisión judicial y, al igual que el portavoz parlamentario de su partido, Pablo Echenique, han dicho los dos que es «imposible», «un escándalo», que Iglesias sea imputado por el Supremo.

Otras causas

No es el caso Dina el más preocupante para el líder morado: está judicializada también la presunta financiación ilegal de Podemos, a raíz de la denuncia del antiguo abogado, Calvente, que fue despedido bajo la acusación de acoso sexual, después de trasladar a Podemos los datos de irregularidades en el partido. 

Podemos ha arremetido contra Calvente utilizando su arma habitual, las redes sociales, pero Calvente ha mantenido sus acusaciones que además de exponer detalladamente ante un juez también lo ha hecho en diferentes medios de comunicación. Los datos son demoledores para Podemos aunque Iglesias y sus colaboradores insisten en que son víctimas de una campaña. Sin embargo, un organismo oficial les ha enmendado la plana: el Tribunal de Cuentas, que ha advertido que los números y la financiación del partido no se ajustan a lo que marcan la ley.

La Justicia se convierte en protagonista de la vida política, pero también de la vida sanitaria, aunque en buena ley -nunca mejor dicho- todo lo que gira en torno a la lucha contra la pandemia está directamente vinculado con la política, porque son los políticos los que toman decisiones -están imponiendo su criterio por encima del  de los profesionales de la Sanidad ajenos a las conveniencias políticas- y se han visto condicionados por sentencias de los tribunales. La más reciente, la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que el pasado jueves provocó un terremoto político al anular la norma ministerial que obligaba al cierre de varias ciudades, entre ellas Madrid. 

La presidenta madrileña, enfrentada a muerte con el Gobierno a pesar de las imágenes de «las banderas» y enfrentada a su vicepresidente, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, no dudó en acudir a los tribunales cuando el ministro Illa le impuso el cierre de la capital.

Un cierre sobre el que dieron la voz de alarma todos los que conocen el alcance de las leyes y qué requisitos debe cumplir una norma ministerial antes de ser promulgada. La de Illa ni siquiera llevaba su firma, sino la de su secretaria de Estado. 

El presidente gallego hacía llegar a Moncloa -sin pasar por Génova, la sede nacional del PP- un informe en el que se recogía una propuesta para «legalizar» la situación anómala que había provocado el ministro de Sanidad: reformar una Ley Orgánica del 86 sobre medidas especiales de Salud Pública, cuya tramitación no se prolongaría más de un mes, y que según criterio previo del Tribunal Constitucional, recogería que las libertades públicas se pueden limitar en el tiempo, y siempre de forma proporcional, cuando hay que salvaguardar otro derecho constitucional como es la salud pública.

Pendientes de europa

Un tercer ingrediente se añade a la situación actual con decisiones en el ámbito judicial que afectan directamente al futuro de los españoles: la ayuda que ha fijado la Unión Europea para contribuir a  superar la situación actual. 

En Bruselas, tanto en el Parlamento como el en Consejo y la Comisión, se están tomando medidas para asegurar que todos sus miembros cumplan los requisitos que exige la democracia, hoy cuestionados en varios países, sobre todo Hungría y Polonia. Se sigue con atención le polémica española respecto a la propuesta de Pedro Sánchez de cambiar la Ley que regula la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace casi dos años, y presidido por un Carlos Lesmes que toma decisiones que no siempre gustan, ni convienen, al Gobierno.

Ese cambio, para algunas personalidades que forman parte de las instituciones europeas, no garantizaría la obligada independencia del poder judicial frente al ejecutivo, y podría influir en la votación del Parlamento Europeo que tiene que dar luz verde a las ayudas a España una vez que se reciba la documentación sobre el techo de gasto. 

Un nuevo motivo de inquietud para Pedro Sánchez, pero también para los españoles a los que solo tranquilizan los mensajes del Gobierno que insisten en que el futuro económico y laboral está «garantizado» porque Bruselas echará una mano.