El Partido Popular apoyó la pasada semana la  Proposición No de Ley presentada en las Cortes de Castilla y León para  instar al Gobierno una modificación legal que permita desalojar de forma  rápida a los ocupantes ilegales y devolver las viviendas ocupadas a sus  legítimos propietarios.

La procuradora María Ángeles García ha señalado que “el PSOE como siempre, por no perjudicar a los suyos, no hace nada  de nada y todo ello repercute y perjudica a los de siempre, a los  ciudadanos”.

Según ha explicado García debe quedar muy claro que "la ocupación no puede entenderse nunca como una vía de acceso a la vivienda, sino como  un delito contra la propiedad".

La PNL aprobada la semana pasada constaba de tres partes: instar a la Junta de Castilla y León a  comprometerse contra la ocupación ilegal de viviendas y devolver los 

inmuebles ocupados, impulsar la coordinación y cooperación institucional  para reforzar la eficacia con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del  Estado y la Administración de Justicia y, por último, dirigirse al  Gobierno de España para mejorar la regulación jurídica de protección de  los derechos de los propietarios incluyendo varias modificaciones  legislativas. El PSOE votó a favor de las dos primeras partes, pero se  abstuvo en las exigencias al Gobierno Sánchez-Iglesias, que es quien  tiene en sus manos la posibilidad de regularlo.

MODIFICACIÓN LEGAL

El PP asegura que debería reformarse el Código Penal, la Ley  de Protección de la Seguridad Ciudadana, la referida a la Propiedad  Horizontal, la de Enjuiciamiento Civil, la de Enjuiciamiento Criminal y  la de Bases del Régimen Local, además de la Constitución.

Por su parte, el diputado, Jesús Postigo, ha subrayado que en España  existen 26 millones de viviendas y que ha habido 7.450 denuncias desde  inicios del año, el mismo número que en todo el año 2013. En Segovia hay casos en viviendas en Cuéllar, El Espinar, Peñas del Erizo y en la capital, casos denunciados en los últimos meses.

A su vez el parlamentarios popular ha subrayado una serie de aspectos fundamentales que recogen la Ley presentada por el PP y entre los que se incluye que un inmueble ocupado ilegalmente no puede tener la  consideración de morada o domicilio, de manera que los ilegales no gocen  de la misma protección que quien compra una vivienda o vive en un piso  pagando su alquiler.

El texto de los populares indica que se podrán desalojar las viviendas  ocupadas ilegalmente en un plazo máximo de 48 horas, sin necesidad de  esperar meses, además, se refuerza el delito de usurpación con penas de  hasta 3 años de cárcel y se penaliza expresamente a las mafias que se  lucran alquilando viviendas ocupadas.

Por último, Postigo ha afirmado que "la Ley propuesta por el PP da potestad a las comunidades de propietarios para realizar acciones  preventivas contra la ocupación y poder acudir a las autoridades, cuando en ausencia del propietario, los ocupantes realicen actividades prohibidas, molestas, incívicas o insalubres. E incluye, que los okupa  no podrán empadronarse en la vivienda ocupada".