El Partido Popular apoyó la pasada semana la Proposición No de Ley presentada en las Cortes de Castilla y León para instar al Gobierno una modificación legal que permita desalojar de forma rápida a los ocupantes ilegales y devolver las viviendas ocupadas a sus legítimos propietarios.
La procuradora María Ángeles García ha señalado que “el PSOE como siempre, por no perjudicar a los suyos, no hace nada de nada y todo ello repercute y perjudica a los de siempre, a los ciudadanos”.
Según ha explicado García debe quedar muy claro que "la ocupación no puede entenderse nunca como una vía de acceso a la vivienda, sino como un delito contra la propiedad".
La PNL aprobada la semana pasada constaba de tres partes: instar a la Junta de Castilla y León a comprometerse contra la ocupación ilegal de viviendas y devolver los
inmuebles ocupados, impulsar la coordinación y cooperación institucional para reforzar la eficacia con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Administración de Justicia y, por último, dirigirse al Gobierno de España para mejorar la regulación jurídica de protección de los derechos de los propietarios incluyendo varias modificaciones legislativas. El PSOE votó a favor de las dos primeras partes, pero se abstuvo en las exigencias al Gobierno Sánchez-Iglesias, que es quien tiene en sus manos la posibilidad de regularlo.
MODIFICACIÓN LEGAL
El PP asegura que debería reformarse el Código Penal, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la referida a la Propiedad Horizontal, la de Enjuiciamiento Civil, la de Enjuiciamiento Criminal y la de Bases del Régimen Local, además de la Constitución.
Por su parte, el diputado, Jesús Postigo, ha subrayado que en España existen 26 millones de viviendas y que ha habido 7.450 denuncias desde inicios del año, el mismo número que en todo el año 2013. En Segovia hay casos en viviendas en Cuéllar, El Espinar, Peñas del Erizo y en la capital, casos denunciados en los últimos meses.
A su vez el parlamentarios popular ha subrayado una serie de aspectos fundamentales que recogen la Ley presentada por el PP y entre los que se incluye que un inmueble ocupado ilegalmente no puede tener la consideración de morada o domicilio, de manera que los ilegales no gocen de la misma protección que quien compra una vivienda o vive en un piso pagando su alquiler.
El texto de los populares indica que se podrán desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo máximo de 48 horas, sin necesidad de esperar meses, además, se refuerza el delito de usurpación con penas de hasta 3 años de cárcel y se penaliza expresamente a las mafias que se lucran alquilando viviendas ocupadas.
Por último, Postigo ha afirmado que "la Ley propuesta por el PP da potestad a las comunidades de propietarios para realizar acciones preventivas contra la ocupación y poder acudir a las autoridades, cuando en ausencia del propietario, los ocupantes realicen actividades prohibidas, molestas, incívicas o insalubres. E incluye, que los okupa no podrán empadronarse en la vivienda ocupada".