El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha aprobado este viernes dos reales decretos por los que se crean un total de 75 unidades judiciales y se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal en 80 nuevas plazas. El objetivo de estas medidas es atender las necesidades de la Justicia española, contribuir a su mayor eficacia y calidad y garantizar a los ciudadanos la protección judicial de sus derechos.
En el real decreto relativo a la programación de 2019 de nuevas unidades judiciales, se dispone la creación de 51 juzgados y la dotación de 22 plazas de magistrado en órganos colegiados. En cuanto a los juzgados de nueva creación, 21 son juzgados de primera instancia, ocho de primera instancia e instrucción, seis de lo penal, once juzgados de lo social, cuatro juzgados de lo mercantil y un juzgado decano exclusivo.
Uno de los juzgados de lo penal que se crea es en Segovia, que a partir de este momento contará con dos. Era una de las reivindicaciones históricas de los actores de la Justicia de nuestra provincia, que a principios de 2017 vieron atendidas en parte sus reclamaciones con la puesta en marcha de un Juzgado de lo Penal bis. Una medida que se consideraba provisional a la espera de la creación del segundo juzgado.
En la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, presentada hace unos días, el presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, Ignacio Pando, subrayaba en el capítulo de creación de órganos o plazas judiciales la necesidad de crear un segundo juzgado de lo penal en Segovia, además de una cuarta plaza de magistrado en la Audiencia Provincial y la especialización de un juzgado en materia de Derecho de Familia. "La creación en Segovia del segundo Juzgado de lo Penal, es una necesidad que ya ha sido afirmada por el Servicio de Inspección y se viene solicitando de forma reiterada en las anteriores memorias", subrayaba Pando. "Si bien es cierto que el número de registro no alcanzaría el módulo de entrada de dos juzgados (400 asuntos para un juzado de lo penal con ejecutorias), el existente supera el límite máximo de uno (424), con una evidente disminución de la cifra en el año 2018 en relación con años anteriores (535 en 2017, 482 en 2016, 516 en 2015 o 582 en 2014). Pero a ello debe unirse sobre todo el excesivo número de ejecutorias, que como hemos dicho supera el doble de las de la Comunidad, que lógicamente obliga a una dedicación mayor a dicha actividad por los funcionarios de la oficina", añadía. Ahora esas demandas han sido atendidas.