El Plan Director por un Trabajo Digno, aprobado por el Consejo de Ministros en julio del año pasado, ha permitido aflorar en Castilla y León más de 10.000 contratos que han pasado de temporales a fijos o han ampliado la jornada laboral de los trabajadores en onces meses de vigencia. En concreto, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha logrado que 8.089 asalariados hayan pasado de tener un contrato temporal a indefinido y 1.983 lograran un ampliación de la jornada, después de detectar abusos de los contratos a tiempo parcial.
Según los datos ofrecidos ayer por la delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, las acciones del plan han logrado transformar en indefinidos casi el doble de contratos que entre las mismas fechas del año anterior, con un incremento del 92 por ciento. Entre agosto de 2017 y junio de 2018, un total de 4.219 contratos temporales se transformaron en indefinidos, mientras que entre agosto de 2018 y junio de 2019 fueron 8.089 los contratos temporales que pasaron a ser indefinidos, después de detectar que no había causalidad en la contratación o por sobrepasar los límites máximos que marca el Estatuto de Trabajadores.
Martín reconoció, según declaraciones recogidas por Ical, que los resultados del Programa Territorial Integrado de Objetivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla y León, que se aplicaba con anterioridad a la puesta en marcha del plan de choque, no eran malos pero, con las nuevas medidas, se ha duplicado el efecto y se han disparado las cifras de los contratos de duración determinada transformados en indefinidos, a requerimiento del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
En cuanto al plan de choque contra los abusos de los contratos a tiempo parcial, señaló que los resultados no son «tan satisfactorios», tras experimentar una bajada del 12,6 por ciento. Entre agosto de 2017 y junio de 2018 hubo 2.269 ampliaciones de jornada mientras que, con el plan en vigor, ha habido 1.983. Son los casos de la firma de un contrato con una jornada de diez horas a la semana pero, al final, se hacían 40.
Añadió que el plan de regularización en Castilla y León ha sido inferior porcentualmente a la del conjunto del Estado, tal y como ocurrió en la primera fase del plan. Algo que justificó al señalar que muchas de las empresas a las que se remitió carta no regularizaron su situación en materia de parcialidad abusiva, lo que obligó a las inspecciones ‘in situ’ en las empresas. También, manifestó que con la obligación del registro de la jornada laboral se consiguió «cerrar una puerta» al fraude masivo en la contratación parcial.