Fue el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, quien hace seis años, ante la cúpula dirigente del PP,  manifestó que “La ley esta hecha para el robagallinas y no para el gran defraudador”. No hay declaración mas contundente que demuestre que la ley puede no ser igual para todos, y que la capacidad de determinadas personas o grupos para dilatar los procesos como se comprueba de forma habitual, es consecuencia de aquello. Esa inadecuación de las leyes y la politización son dos de los innumerables problemas que tiene la justicia en nuestro país.

Las manifestaciones realizadas por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias tras la sentencia contra la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, por su participación en la obstrucción de un desahucio por la que ha sido condenada a 19 meses de prisión y otros tantos de inhabilitación, por los delitos de atentado a la autoridad, daños y lesiones leves, están relacionadas con ambos problemas. Primero porque la sentencia parece desproporcionada, aunque será el Tribunal Supremo quien diga la última palabra; y porque sus consideraciones respecto a la sentencia han motivado una nueva protesta del CGPJ -y van dos en cuatro meses contra él- que cree que Iglesias ataca la independencia de los jueces.

Cierto que la prudencia no es una de las principales características de la personalidad de Pablo Iglesias y que su nueva calidad de miembro de un gobierno exigiría que la tuviera, pero no lo es menos que nadie le puede pedir que deje su ideología a la puerta del Consejo de ministros y que pueda criticar las sentencias que no le parecen adecuadas.

Además, Pablo Iglesias no es el único que critica a los jueces por su politización. Las andanadas contra el magistrado de la Audiencia Nacional que redactó la sentencia de la primera fase del caso Gürtel, no fueron escasas, y en ese mismo órgano fueran recusados otros dos magistrados por afinidad con el Partido Popular. Uno de ellos, Enrique López, es el actual secretario de Justicia del PP y consejero autonómico de Madrid.

Si el CGPJ saliera a defender a todos los jueces cada vez que son criticados por sus sentencias, posiblemente no pudieran dedicarse a otros menesteres. Pero las criticas de Pablo Iglesias a la justicia, sumadas a sus declaraciones del 14 de abril sobre el rey, dan pábulo a las teorías que afirman que lo que pretende es un cambio de régimen y que no cree en la división de poderes, aunque no pueda llevarlo a cabo. 

Sin embargo, también tiene razón su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, cuando pone de relieve la procedencia política de Carlos Lesmes -recuérdese también todas las invectivas contra Dolores Delgado por su nombramiento como fiscal general del Estado-, los cargos públicos que ha ocupado con gobiernos del PP y sobre todo que lleva 17 meses de prórroga de su mandato porque su relevo se frustró cuando se conoció que el PP proponía un candidato para manejar el Supremo por la puerta de atrás, y en este tiempo se ha continuado nombrando magistrados afines para puestos de relevancia, como denuncian algunas organizaciones de jueces.

En efecto, las palabras de Pablo Iglesias fueron desafortunadas. Pero el propio Lesmes sabe que la ley no se aplica a todos por igual.