El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy, ha aprobado el acuerdo por el que se determina el plazo de la concesión para la construcción, conservación y explotación a Castellana de Autopistas, S.A. de los tramos de la autopista de peaje A-6 conexión con Segovia y A-6 conexión con Ávila y para la conservación y explotación de la autopista de peaje A-6 tramo Villalba-Adanero. Es decir, de la AP-6 y la AP-61.
La concesión fue adjudicada mediante Real Decreto 1724/1999, de 5 de noviembre, iniciando su actividad el día 19 de noviembre de 1999. El artículo 10 del citado Real Decreto de adjudicación hacía referencia al plazo de la concesión, indicando que su duración exacta en años se fijaría tomando en consideración la evolución real del tráfico, que se evaluaría transcurridos veinte años desde el inicio de la misma y de conformidad con el procedimiento establecido en la cláusula 33 de su Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
Se ha tenido en cuenta igualmente, según informa en una nota de prensa el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que el Real Decreto 525/2012, de 9 de marzo, modificó la concesión estableciendo que el plazo concesional se redujese en siete años una vez se hubiese determinado. "Esta norma reglamentaria se dictó para el cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la adjudicación de la concesión, que apreció que el Gobierno de España había vulnerado directivas comunitarias sobre contratación pública", añade. Y concluye: "Por tanto, siguiendo el procedimiento de determinación del plazo, en aplicación de las fórmulas y criterios previstos en la cláusula 33 de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y teniendo en cuenta la citada reducción del plazo concesional que estableció el Real Decreto 525/2012, el plazo de la citada concesión administrativa queda establecido en 30 años desde su adjudicación, finalizando por tanto el 19 de noviembre de 2029.
Una decisión que ha llegado con retraso ya que se esperaba que fuera el pasado noviembre cuando el Gobierno determinase cuándo concluye la concesión. Las plataformas que han pedido la liberalización de la autopista esperaban que fuera en 2024, pero el Ejecutivo ha acordado que sea en 2029.
Ese año será clave para que el Gobierno decida si esa concesión queda en sus manos, es decir, si será el Estado el que gestione la carretera con lo cual, el peaje sería eliminado, o sale a licitación para que sea una empresa privada la que vuelva a hacerse cargo de la gestión.