"Los militares asesinaron a mi hermano" en Colombia

A.M.
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Habla en Segovia la hermana de uno de las víctimas del Estado de Colombia denominados como 'falsos positivos del Valle del Cauca'.

Daniela, fotografiada en Segovia - Foto: Rosa Blanco

Daniela, cuyo nombre es ficticio, de 43 años, es uno de los casos de Protección Internacional en España que se atienden en Segovia por Accem, porque su vida corre peligro en su país de origen, Colombia. La conversación que mantiene con EL DÍA se interrumpe en varias ocasiones, embargada por la emoción, que trata de frenar apurando un vaso de agua, porque «cuando tienes que recordar [lo ocurrido] es muy duro, vengo aquí por una persecución», dice.
Hablamos de ejecuciones extrajudiciales, de familiares víctimas del Estado que reclaman justicia,   de los asesinatos de los llamados ‘falsos positivos del valle del Cauca’, en el suroeste de Colombia, donde los casos ni siquiera salen de la investigación preliminar en las fiscalías, aunque la excepción ha querido que la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali condenara a siete militares involucrados en un asesinato a un total de 238 años de prisión, lo que significa que cada uno deberá cumplir 34, pero trece años después de haberse producido. 
No es el caso de esta mujer que perdió a su hermano, asesinado el 13 de octubre de 2008, cuando contaba con 31 años. A raíz de que interpusieran una demanda judicial, el 5 de diciembre de ese año, comenzaron las amenazas, tanto a ella, como a la familia, mientras que el magistrado del Tribunal contencioso Administrativo determinó que el Ejército Nacional no era culpable.
«En un comunicado de prensa que presentan los militares catalogan a mi hermano como guerrillero, extorsionista y narcotraficante», relata Daniela, mientras que está convencida de que «el Ejército Nacional de Colombia lo hace para cobrar honores y decir que mataron a un guerrillero, para recibir recompensas porque los premian por eso; mi hermano trabajaba en una empresa, pero lo pusieron como ‘falso positivo del Valle del Cauca’ (...) ese mismo día  mataron a otros cuatro muchachos más, ya habían asesinado también a cerca de 15 jóvenes más en Soacha». La cifra de víctimas se cuenta por millares, según las organizaciones de derechos humanos. 
El calvario no solo comenzó con la muerte del hermano: «Decidimos irnos del pueblo porque nos amenazaban mucho, a los 20 días que interpusimos la demanda, los vecinos veían cuando nos metían los escritos por debajo de la puerta, era por la madrugada porque de día nunca, cuando nos levantábamos veíamos los escritos donde deían que si no retirábamos la demanda nos pasaba lo mismo que a mi hermano»,  asegura la mujer.
Además,  tras acudir a recopilar pruebas donde se había registrado el asesinato,  el abogado anunció que se retiraba del caso porque también tenía familia, aunque le daba mucha pena,  argumentando que siguieran con otros abogados de Medellín. «Mi papá había dicho que tenía fe en que este abogado, que nos iba a ayudar, pero nos dejó también porque lo amenazaron». 
La familia se repartió entre Medellín y Cartagena de Indias, aunque se mantenían encerrados por miedo a ser localizados, «sentíamos que nos estaban mirando, que nos estaban persiguiendo», asegura. Daniela cuenta que, al año de lo ocurrido, su padre murió de un infarto, «porque no aguantó la presión de la muerte de mi hermano y tener que haber salido de nuestra casa, cuando quisimos volver los vecinos nos dijeron que no lo hiciéramos porque se arrimaban carros [coches] a preguntar por nosotros, interesados en conocer  a dónde nos habíamos ido, no podemos volver allá».
Daniela dejó en Colombia a su hijo de 31 años, a su madre, a una sobrina, a su hermana y a su cuñada, que estaba embarazada de una niña que su hermano no alcanzó a ver.  Su ilusión se centra ahora en «trabajar para poder ayudar a la familia, quisiera que ellos estuvieran conmigo,  he venido sola aquí a España, estoy con dios y las personas que me dan la mano, gracias a dios no estoy pasando frío, no estoy pasando hambre, he dado con unas buenas personas aquí en Segovia, con una buena Ong y aquí voy de la mano de dios, aquí me he sentido muy tranquila, llegué con una maleta de mano, de diez kilos, ya tengo mucho más que eso», asegura. 
formación. En el lugar donde reside  junto a otros usuarios delprograma de protección internacional estudian, hacen cursos de capacitación y comparten momentos con otros compañeros y compañeras, «para hacerme la vida amable porque no queda más,  hay personas  con diferentes historias, todos tenemos mundos diferentes, si pensáramos igual...; a uno le da temor contarle su historia a otra persona, es algo muy delicado», afirma Daniela mientras insiste en que mantiene «la esperanza de que voy a estar con la bendición de dios, que voy a poder obtener mi permiso de trabajo y a poder ayudar a mi familia».  Y cuando se le pregunta por las restricciones de algunos partidos políticos a los programas de refugiados, se le vuelven a saltar las lágrimas y dice entre sollozos: «les pido que se pongan la mano en el corazón y que nos ayuden».  
Como otros familiares de víctimas ‘falsos positivos’ Daniela llegó a pensar en realizar una denuncia internacional, «pero somos personas muy humildes y no tenemos quien nos oriente y nos diga las cosas cómo las debemos hacer, y nos da miedo lo que le pueda pasar a nuestras familias (...) hay bastante casos como el mio, en este sentido la situación es muy complicada porque no sé qué le pasa al Gobierno, quitarle la vida a muchachos inocentes y familias trabajadoras, no sé por qué tienen qué hacerle daño a unas personas para ellos sentirse grandes».  
De los casos que atiende Accem se encuentran venezolanos, por causas políticas;  hondureños y salvadoreños, víctimas de las maras; colombianos perseguidos por mafias y grupos de narcotraficantes, ucranianos y sirios, por conflictos bélicos; rusos perseguidos por temas religiosos y orientación sexual y nicaragüenses por participar en movimientos estudiantiles y los médicos que les han apoyado y atendido.