El Acueducto de Segovia no tendrá una ordenanza específica que lo proteja, a pesar de que hace ya tres años y tres meses que el Ayuntamiento empezó a tramitarla. El equipo de Gobierno la ha descartado, aunque ese verbo, descartar, no lo ha llegado a conjugar en todo este tiempo. Lo ha mantenido bien lejos del debate público o político hasta que un técnico lo ha incluido en el documento con el que se ha dado inicio este mes a la modificación de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, destinada ahora precisamente a incorporar aspectos que se pensaban incluir en la del Acueducto. Se protegerá el monumento de esa manera, «descartando así el modelo de la Ordenanza de Protección única», tal y como recoge el texto con el que se cubre el trámite de consulta pública previa. Un trámite obligatorio por ley que tiene como objetivo convocar a los ciudadanos a participar en el proceso con propuestas pero que, a pesar de su denominación (consulta pública previa), se inició el 8 de septiembre sin ningún tipo de comunicado público ni publicidad, sólo colgando el documento en la web del Ayuntamiento y sin un enlace en la página de inicio que lo citara de manera expresa.

En cualquier caso, la ordenanza del Acueducto se descarta sin renunciar a su ambición regulatoria, ya que se mantiene la idea de aprobar sanciones mínimas de 1.500 euros por conductas como escalarlo, algo que hoy en día sale por 100; o incluso de 750 euros por apoyar un libro, una cámara, un bolso o una bici. Actos que se podrán penalizar con esa severidad cuando concluya la tramitación y entre en vigor la modificación de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, si no hay más imprevistos o cambios de guion, en los primeros meses de 2021.

Cambiará por tanto la forma administrativa, pero no el fondo. Informes jurídicos municipales avalan «otras vías más favorables» para proteger el Acueducto que una ordenanza específica, tal y como afirmaba el miércoles la alcaldesa, Clara Luquero. Lo dijo en declaraciones a la prensa, que le preguntó después de que Ciudadanos, horas antes, emitiera un comunicado en el que pedía «una explicación» por todo esto, dado que en el equipo de Gobierno «llevan desde 2018 haciendo alarde de tener el texto preparado a falta de los últimos trámites», afeó la portavoz naranja, Noemí Otero. De hecho, ya en mayo de ese año se presentó un borrador a los grupos municipales.

El cambio. Lo que apuntan los «técnicos jurídicos» aludidos por Luquero se sabe desde el verano de 2018, cuando la entonces concejala de Patrimonio Histórico, Claudia de Santos, hizo público que un informe de Secretaría Municipal advertía de incompatibilidades entre el contenido de la futura ordenanza del Acueducto y otras ya vigentes. Sin embargo, la actual concejala de esta área, Clara Martín, no tuvo sobre su mesa el informe completo hasta finales de 2019 o principios de 2020, según apuntó en esas fechas; y aunque entonces ya se empezó a trabajar en esta nueva idea, lo cierto es que sólo se anunció a medias en enero, al avanzar entonces que se había decidido «replantear el texto» de la esperada normativa «y vincular en parte su contenido con otras ya en vigor o en proceso de revisión» para «dotar de una mayor operatividad administrativa a la futura ordenanza de protección del Acueducto». 

Esa «futura ordenanza» por tanto no va a existir como tal, pero sí su contenido repartido por otras ya existentes, fundamentalmente tres: Tráfico, Ocupación de Vía Pública con Terrazas y la ya citada de Convivencia Ciudadana. Asimismo, la parte del borrador de la ordenanza despiezada que no tiene cabida en esas áreas, que es la relacionada con los usos del monumento o su entorno, se integrará en otro documento con rango de protocolo para que se lo apliquen a nivel interno los servicios municipales a la hora de abordar autorizaciones o denegaciones de eventos sociales, culturales o deportivos.

En la Ordenanza de Tráfico se prevé incluir novedades como la creación de más vías de prioridad peatonal en el entorno del Acueducto, y en la Ordenanza de Terrazas, más disciplina estética en estas instalaciones próximas al monumento. Sin embargo, esas cuestiones tardarán en aprobarse porque las modificaciones de esas dos normativas, a pesar de que llevan años pendientes por otros motivos, van más lentas que la de Convivencia Ciudadana. La consulta pública previa de esta última ordenanza termina el 5 de octubre y el objetivo es llevarla a aprobación inicial al pleno de finales de ese mes o del siguiente. Después tocará pasar el preceptivo proceso de exposición pública (20 días hábiles), resolución de alegaciones y aprobación definitiva, que en condiciones normales suele llevar de tres a seis meses. Y entonces sí, quizá incluso en el primer trimestre de 2021, casi cuatro años después de anunciarse, empezarán a ver luz buena parte de las sanciones que contemplaba una mediática ordenanza que ahora se descarta como tal, pero sin renunciar a la esencia que la inspiró: proteger más el icono de la ciudad.

LAS FUTURAS SANCIONES MÁS DESTACADAS

De 1.500,01 a 3.000 euros. Es el rango de infracciones muy graves. Incluye el depósito de sustancias o vertido de líquidos que «pudieran afectar en cualquier forma a la integridad de la piedra del Acueducto o provocar alteraciones de la misma».También el acceso a la parte superior del monumento y el canal sin autorización municipal, además de escalar, subir, trepar, descolgarse o cualquier otra acción similar sin contar con una autorización expresa.

De 750,01 a 1.500 euros. Entre las infracciones tipificadas como graves destacan depositar o lanzar residuos de comida, vasos, latas, vidrios «o similares»; verter sustancias líquidas como aguas residuales; introducir entre las juntas del monumento papeles, cigarrillos u otros objetos, así como tirarlos a su canal; apoyar bicis, carteles, cámaras, mochilas o bolsos u otros objeto como mochilas, bolsos o similar.

Hasta 750 euros. Apoyarse en el monumento, tocar sus materiales originales, comer o beber entre sus arcos o alimentar a las palomas por el entorno.