La historia se repite. Dos años después de las movilizaciones que protagonizaron, los abogados vuelven a sufrir retrasos de hasta tres meses para cobrar los trabajos que realizan en el marco del turno de oficio. El Ministerio de Justicia ya les adeuda noviembre, diciembre y enero, una situación que agobia a este colectivo, dependiente cada vez en mayor medida en ciudades como Segovia del dinero obtenido en este tipo de actuaciones para subsistir, según indican fuentes consultadas.
El Gobierno ha prometido cambios importantes. Los impagos registrados quiere solucionarlos con una modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita. «En concreto, se van a modificar los artículos 36 y siguientes del Título III del reglamento relativos a la subvención y supervisión de los servicios de asistencia jurídica gratuita, de forma que el periodo de liquidación actual y libramiento de la subvención, establecido en trimestres, pase a poder ser mensual. La reforma implica también un pronunciamiento del Consejo de Estado, que el Gobierno pedirá que se ejecute por la vía de urgencia y con la máxima celeridad», ha explicado el Consejo de la Abogacía Española.
Durante el año 2020 los pagos en la ‘zona de territorio común’ –la que depende directamente del Ministerio de Justicia, como es el caso de Segovia– fueron realizados de forma mensual pero la Administración los paralizó en diciembre. La entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 ha obligado a volver al sistema anterior –abonos trimestrales– hasta la modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, que el Ejecutivo ha asegurado al Consejo de la Abogacía Española que llevará a cabo «a la mayor brevedad posible».
No es la única novedad que se prevé. Los Presupuestos Generales del Estado contemplan una partida de 1,8 millones de euros que permitirá a los abogados del turno de oficio recuperar los honorarios dejados de percibir en el último trimestre de 2019 y a lo largo del ejercicio de 2020 porque, con posterioridad a la prestación de su servicio de defensa, no se les había reconocido a esos ciudadanos para los que habían trabajado el beneficio de la asistencia jurídica gratuita.
«Nosotros el trabajo lo hacemos y no tenemos que cargar con la responsabilidad de que el individuo no cumpla», subraya el decano del Colegio de Abogados de Segovia, Julián Sanz Gómez, satisfecho con este cambio. Muchos de los detenidos que pasan a disposición judicial solicitan un abogado de oficio, pero en ocasiones rebasan los límites de renta que marca la ley para acceder a este servicio –algo que se comprueba a posteriori– o simplemente no cumplimentan la documentación para que el letrado pueda justificar su trabajo y cobrar sus honorarios de las arcas públicas. «El Estado debe pagar a los abogados con independencia de todo lo demás y ya luego si lo considera reclamar administrativamente al ciudadano. Igual que se hace cuando no se abona un impuesto o una multa», concluye Sanz.