El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Segovia dirige las diligencias, que han incluido detenciones y registros en las provincias de Huelva, Madrid y Segovia por presuntos delitos de estafa y contra los derechos de al menos 400 ciudadanos extranjeros. La red les gestionaba el desplazamiento a España -principalmente desde París y previo cobro de una cantidad entre 250 y 350 euros- y los empleaba en trabajos agrícolas o domésticos sin contrato ni seguridad social.

Una asociación cultural con sede en Segovia se encargaba de blanquear y encubrir estas actividades aprovechándose de la situación de "precariedad" de sus víctimas, inmigrantes irregulares que cobraban entre 600 y 800 euros a pesar de que el sueldo mínimo actual son 1.050 euros, tal y como ha subrayado la Guardia Civil.

La líder de la organización era una mujer de nacionalidad chilena afincada en España, que ha quedado en libertad tras prestar declaración. El Juzgado le ha impuesto la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes, le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido salir de España. Según han confirmado fuentes judiciales, otras seis personas declararán en calidad de investigadas en las próximas semanas después de que lo hayan hecho una veintena de los perjudicados.