Segovia despidió el pasado 21 de septiembre un verano conflictivo desde el punto de vista criminalístico. La muerte de un hombre de 69 años a manos de su compañero de piso en una vivienda cerca de la estación de trenes y la paliza y presunta violación sufrida por una joven de 18 años en Turégano han marcado unos meses que confirman que «Segovia no es tan tranquila como parece», según remarca la teniente fiscal provincial, Elena Martín Mayo. La última memoria elaborada por su departamento, publicada hace sólo unos días, disecciona número a número la Segovia criminal, que padece la presencia de delincuentes itinerantes procedentes de Madrid y Valladolid principalmente, tal y como asegura la propia Martín Mayo.

Un total de 4.921 investigaciones inició la Fiscalía Provincial el año pasado, lo que supone un 4,9 por ciento menos que el año anterior. La escasez de recursos ha minado su labor a lo largo del último lustro, tal y como revelan las estadísticas que se pueden consultar en los órganos públicos. En 2013 abrió diligencias previas por 7.790 casos; en 2014, por 7.453; y en 2015, por 8.400. Desde entonces, el descenso ha sido continuado: en 2016, incoó 5.383; en 2017, 5.172; y en 2018 (el último sobre el que se tienen datos de momento), 4.921.

La teniente fiscal provincial apunta a la falta de reposición de efectivos como la principal dificultad que se encuentran a la hora de dar respuesta a los procedimientos que ingresan a través de los juzgados o aquellos que demandan iniciar los propios ciudadanos. «Ahora estamos con dos sustitutos, es decir, dos fiscales que se han incorporado de forma interina, y tampoco tenemos fiscal jefe tras la jubilación de Antonio Silva», explica Martín Mayo, que ha asumido la jefatura en funciones a la espera de que se celebren las nuevas elecciones generales, se forme Gobierno y la Fiscalía General del Estado lleve a cabo los nombramientos.

Datos de violencia de género extraídos de la última Memoria de la Fiscalía. - Foto: DS

La vuelta a la normalidad tendrá que esperar todavía unos meses al menos. Un tiempo en el que la Fiscalía de Segovia tendrá que seguir de cerca los avances en la investigación del homicidio en la calle Doctor Víctor Gómez Sanz y de la paliza y supuesta violación en Turégano, así como probablemente redactar el escrito de calificación de los implicados en la operación antidroga que llevaron a cabo la Guardia Civil y la Policía Nacional a finales del pasado mes de junio y principios de julio. Un dispositivo en el que también los inspectores descubrieron el asesinato de uno de los miembros de la banda que cometieron los propios integrantes de la organización.

Este se ha convertido en el mayor golpe policial contra el tráfico de drogas registrado en los últimos años en Segovia, donde este delito apenas representa el 0,5 por ciento de los que comienza a investigar la Fiscalía. El principal son las lesiones, entre las que se incluyen las cualificadas, las provocadas por imprudencia, las que tienen lugar en el ámbito familiar y las riñas tumultuarias. 2.380 se registraron el año pasado, entre ellas la que se produjo en las fiestas de San Lorenzo, donde un grupo de jóvenes lanzaron un llamamiento a través de las redes sociales y de los medios de comunicación para tratar de localizar a quien había agredido a un amigo suyo que tuvo que ser trasladado al hospital vallisoletano Río Hortega. Finalmente, el presunto autor de los golpes –que afectaron a la nariz, los dientes, la espalda y la cabeza y dejaron como secuelas una cicatriz interciliar de 1,5 centímetros y un trastorno depresivo en la víctima– fue localizado, detenido y puesto a disposición judicial.

Como el hombre y la mujer que fueron grabados el 15 de septiembre del año pasado mientras mantenían relaciones sexuales al volante del vehículo con el que circulaban por la autopista AP-6, a la altura de Villacastín. Este delito tipificado en el artículo 380 del Código Penal dio origen el año pasado a medio centenar de investigaciones en Segovia, según la memoria de la Fiscalía, que no registró ningún asesinato, homicidio u homicidio por imprudencio pero sí que tuvo que personarse tras la detención hace ahora un año de un hombre por intentar ‘volar’ el Ayuntamiento de Santo Tomé del Puerto con una bombona de butano y una mecha de dos metros que no llegó a explotar. A pesar de contar con todos los elementos necesarios para provocar una deflagración  y haber generado una onda de presión que habría causado graves daños en la estructura del edificio y desplazamiento y derribo de tabiques.

Datos de menores extraídos de la última Memoria de la Fiscalía. - Foto: DS

El de este empresario que se quiso vengar por la paralización de un  proyecto forestal encarnó uno de los casos que despertó mayor alarma social en Segovia en 2018, junto al atropello que sufrió un agente de la Guardia Civil cuando disfrutaba de una tarde de ciclismo. Este caso se saldó con la detención del joven que conducía la furgoneta, que le arrolló y que ha sido objeto de investigación por una posible omisión del deber de socorro y conducción temeraria tras dejar a la víctima graves secuelas físicas.

La violencia de género, los delitos de amenazas, las estafas, los robos y hurtos, las agresiones sexuales y la ciberdelincuencia completan el retrato criminal de Segovia. «Si la comparamos con otras provincias es tranquila, pero engaña», advierte la teniente fiscal, que hace hincapié en que «los jueces y fiscales tenemos trabajo». Un ámbito especialmente sensible desde el punto de vista social es la violencia de género, delito en torno al que se aprobaron 79 órdenes de protección durante el pasado 2018, un 338 por ciento más que a lo largo del año precedente. «Nos preocupa la violencia contra las mujeres. Como en el resto del territorio nacional, parece que es algo que no tiene fin», indica Martín Mayo, ahora al frente en funciones de un órgano que también vio cómo en este apartado los juzgados segovianos dieron luz verde a un total de seis órdenes de alejamiento, celebraron 37 juicios rápidos, enviaron 66 casos al Juzgado de lo Penal y dictaron 31 sentencias condenatorias y 46 absolutorias.

Entre menores no se registró ningún delito de violencia de género pero sí ocho agresiones sexuales, según la memoria de la Fiscalía, que revela que los daños a las cosas y los robos con fuerza constituyen las infracciones más comunes entre quienes todavía no han alcanzado la mayoría de edad. También figuran los robos con violencia o intimidación, conducir sin permiso, la violencia doméstica o los delitos contra la salud pública, mientras que las lesiones salieron en 2018 de la relación de casos que llegaron al Juzgado de Menores. Frente a los 24 que se contabilizaron el año anterior, en este caso no hubo ninguno que obligara a actuar al Ministerio Público y al tribunal, que en conjunto dictó dieciséis sentencias de carácter absolutorio y 67 condenatorias (45 por conformidad y 22 sin ella).

Nada, en cualquier caso, que haga saltar las alarmas. Sí que ha generado inquietud el incremento de los delitos violentos que ha tenido lugar este verano y el repunte de la delincuencia común. «No hay que olvidar que estamos al lado de dos ciudades grandes como son Madrid y Valladolid y que de ambas llegan delincuentes itinerantes», destaca la teniente fiscal, que  hace hincapié en que «tampoco han dejado de existir los delitos económicos». Esta misma semana se conocía que Segovia había sido uno de los epicentros de una operación policial que había permitido desarticular una red especializada en el robo, falsificación y cobro de cheques y pagarés. «Tenemos trabajo», concluye Martín Mayo. La Policía Nacional, que celebró su Fiesta de los Ángeles Custodios este pasado miércoles, desveló que han aumentado un 33 por ciento los ciberdelitos, otra de las cuestiones que más preocupa en la provincia.