La Fiscalía Provincial de Valladolid solicitó ayer por escrito a las Cortes de Castilla y León la información que le conste sobre la posible utilización de un ordenador y una IP del Parlamento autonómico para la emisión de votos en el proceso de primarias de Ciudadanos para la elección de su candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, incluyendo los informes técnicos realizados por el servicio de informática.
«Atendiendo a los criterios de máxima colaboración y transparencia, los servicios de la Cámara se encuentran trabajando para remitir la información solicitada por la Fiscalía a la mayor brevedad posible», reflejan en un comunicado recogido por Ical.
Asimismo, señalaron que en la Mesa de las Cortes celebrada ayer se puso en conocimiento de los miembros de la misma el informe elaborado por los servicios jurídicos del Parlamento, del que se concluye que la información que han podido recabar por sus propios medios no refleja todas las conexiones realizadas ni permite a los servicios técnicos de la Cámara obtener conclusiones que «solo son alcanzables disponiendo de información ajena a las propias Cortes».
Según detallan, el 29 de marzo, cuando un medio de comunicación digital publicó la presunta irregularidad en las primarias, en las que se detectó un «pucherazo» de 82 votos que tuvieron que ser anulados y que dieron como vencedor del proceso a Francisco Igea, desde la Presidencia de las Cortes se solicitó a la Secretaría General de la Cámara que se dirigiera a los servicios de la institución para recabar toda la información técnica de la que dispongan, y ese mismo día la Sección de Sistemas y Comunicaciones de las Cortes realizó actuaciones preventivas dirigidas a guardar y a poner a recaudo la información disponible en ese momento, para evitar su pérdida permanente.
Asimismo, explicaron que los sistemas de comunicación y seguridad informática de las Cortes de Castilla y León no están diseñados para auditar sus comunicaciones internas y externas, sino con el objetivo de proteger sus datos y servicios informáticos.
Además, la información con la que cuentan las Cortes de Castilla y León en relación con las conexiones realizadas a través de sus direcciones IP se circunscribe a la seguridad informática y a la detección de problemas; y, en cuanto a los ordenadores, se dispone de información si estos estuvieran conectados a los sistemas de comunicación de la institución.