CCOO y UGT proponen la creación de la Comisión de Peticiones en las Cortes de Castilla y León como un cauce de participación de la ciudadanía, de la democracia semidirecta y de regulación de un derecho existe en la mayoría de las asambleas autonómicas. Sería una especie de escaño 82 en la Cámara en la que podrían comparecer personas y organizaciones, además de tramitar las peticiones ciudadanas.

En el marco de impulsar la democracia participativa y representativa en el Parlamento de la Comunidad, los sindicatos han hecho llegar a los grupos representados en el hemiciclo su propuesta de constitución de la Comisión de Peticiones de las Cortes de Castilla y León, un órgano que existe en el Congreso de los Diputados, Senado, Parlamento Europeo y en asambleas autonómicas.

“Apreciamos que el derecho de petición a las Cortes de Castilla y León adolece de falta de desarrollo, teniendo una regulación muy sucinta, así como de desconocimiento por parte de la ciudadanía”, argumentan los promotores de la propuesta, conocida por Ical, en la que se explica que en el Reglamento de la Cámara se establece entre las funciones de la Mesa, en concreto en un apartado de un artículo.

Entre los nueve puntos de la propuesta remitida a los grupos, a quienes ya explicaron sus demandas en reuniones mantenidas a principio de la legislatura, señalan que la Comisión de Peticiones será el órgano competente para tramitar las peticiones que los ciudadanos dirigen a las Cortes en el ejercicio de un derecho individual o colectivo y estaría compuesta por un procurador de cada grupo parlamentario.

Según la propuesta de CCOO y UGT, la Comisión de Peticiones puede adoptar resoluciones que asuman el contenido de la petición y formular recomendaciones a las instituciones. Además, plantean que se debe acusar recibo de cada petición y en el plazo de tres meses desde su presentación se comunicará el resultado de la misma. Junto a todo ello, presentará una memoria anual de actividades ante el pleno de las Cortes.

Congreso y Senado tienen cada uno la Comisión de Peticiones entre sus comisiones permanentes no legislativas, catalogación en la que no entran ambos sindicatos en su propuesta, pero si establecen la posibilidad de convocar a los peticionarios o de que puedan comparecer personas y organizaciones ciudadanas cuando se considere conveniente, un apartado que no existe en las Cortes Generales.

En el caso del Senado, la regulación es más extensa, aunque tampoco prevé de forma expresa la posibilidad de celebrar comparecencias en la Comisión de Peticiones, si bien, a diferencia del Congreso, sí ha recibido en audiencia a varios peticionarios, se detalla en el texto presentado a los grupos. Además, recogen un análisis de la actividad de la Comisión de Peticiones del Congreso, donde se encuentran desde demandas personales (ayudas o indultos, entre otras) a problemas colectivos, como la catástrofe del Prestige.

Cortes más abiertas

El camino de una petición se remitirá a la comisión parlamentaria en función de la materia, a los grupos para que, si lo consideran oportuno, puedan presentar alguna iniciativa parlamentaria, a la Junta de Castilla y León y al Procurador del Común. En el Congreso, se prevé que una iniciativa legislativa popular inadmitida, a petición de sus firmantes, podrá convertirse en petición ante las cámaras, si bien hasta la fecha esa posibilidad no se producido.

Durante la presentación a los grupos del documento de más democracia participativa y representativa en el Parlamento de la Comunidad, abogaron por una reforma del Reglamento para “tener más vida” en las comisiones, crear una comisión de peticiones, “engrasar la maquinaria” de las consultas o flexibilizar la Iniciativa Legislativa Popular.

“Son propuestas asumibles”, valoró en ese momento el líder de CCOO-CyL, Vicente Andrés, que apeló al consenso de los grupos para iniciar una reforma del Reglamento por consenso, mientras que su homólogo de UGT, Faustino Temprano, aclaró que con sus propuestas no quieren “sustituir” a los procuradores, elegidos por los ciudadanos en las urnas. No obstante, ambos defendieron que “es el momento de unas Cortes más abiertas a la sociedad, más participativas”.